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Alcaldes endosan medida para revertir la prohibición de las peleas de gallos

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SAN JUAN — Los alcaldes populares de Utuado y Salinas, Ernesto Irizarry Salvá y Karilyn Bonilla se expresaron a favor de la medida radicada hoy en el Congreso por la comisionada residente Jenniffer González para revertir la prohibición a las peleas de gallos, aprobada el pasado año y que de mantenerse como está causaría graves daños a la economía agrícola de Puerto Rico. 

No obstante, señalaron que la lucha por el denominado deporte de caballeros debe ser proyectada como un reclamo de pueblo y no partidista, toda vez que en el anuncio de la radicación, González se rodeó de tres legisladores del Partido Nuevo Progresista. Los primeros ejecutivos municipales están disponibles para que el reclamo ante el Congreso sea uno amplio. 


“Esto no es un asunto de status ni de política, es un tema cultural y económico y así lo manifestamos en la marcha que realizamos en San Juan el pasado 29 de enero. Allí estaban todos los sectores afectados y esa fuerza debe llevarse al Congreso y no se manera segmentada”, afirmó Irizarry Salvá.

“Los argumentos que debemos llevar es que la prohibición afecta la economía puertorriqueña, particularmente en la montaña y afecta a muchos sectores. De igual manera tenemos que decir que es positivo que se haya incluido a los delegados de Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana, Guam e Islas Marianas como coauspiciadores de la medida”, expresó, “pero de la misma manera se debe ampliar el campo de acción aquí en la Isla”. 


Mientras, la alcaldesa de Salinas, proveniente de una familia de galleros, argumentó que probablemente la defensa del deporte de las jugadas de gallos “es uno de los pocos donde hay gran consenso puertorriqueño fuera de líneas partidistas y así debe mantenerse.

Esa prohibición tomó de sorpresa a todo el mundo y fue por falta de atención de nuestros representantes en la capital federal. Ese error no puede volver a cometerse. Hay que llevar un mensaje de unidad de pueblo en este reclamo”.


Dicha industria, aparte del valor histórico y cultural para Puerto Rico, representa una aportación de $18 millones a la economía local, y la creación de 27,000 empleos, 12,000 de ellos directos, según datos del gobierno. 

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