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Representante desmiente la JSF al secretario de Corrección

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SAN JUAN— El representante popular Jesús Manuel Ortiz reveló una comunicación que le envió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado 6 de septiembre en la que se confirma que esa entidad creada por el Congreso, está examinando las denuncias sobre las faltas administrativas en las operaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación y, además, desmiente categóricamente al Secretario Erik Rolón sobre la alegada falta de recursos en la agencia.

“El Secretario Erik Rolón ha expresado que las medidas de seguridad entre oficiales de custodia y confinados han fallado. Ha expresado, además, que la falta de atención a las necesidades de los oficiales de custodia es el resultado de una baja presupuestaria en la nómina, a pesar que durante el año fiscal 2019 (el Secretario) no gastó $10 millones de las asignaciones hechas para nómina; y, en además, tuvo un sobrante de $12.9 millones que transfirió al Departamento de Salud. Más importante aún, es el hecho de que se ha aprobado un aumento de entre $7 hasta $26 millones para gastos de nómina y gastos operacionales dispuestos en el presupuesto del año fiscal 2020.”, expresa la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko en  la comunicación enviada al legislador del PPD.

“La Junta de Supervisión Fiscal está examinando este asunto con mucha seriedad y tan pronto concluya nuestro análisis, compartiremos con usted los resultados del mismo.”, agrega la funcionaria en su misiva a Ortiz.

El legislador del PPD sostuvo que la respuesta de la JSF desmiente categóricamente al Secretario Rolón quien había atribuido las recientes muertes e incidentes en las cárceles a una alegada reducción presupuestaria en las asignaciones de nómina.

“La JSF ha destapado el caos administrativo que mantiene el Secretario de Corrección, quien, evidentemente, ha sido negligente en el manejo de esa importante agencia. La situación fiscal que atraviesa Puerto Rico requiere que cada agencia maximice los pocos recursos que tiene para garantizar los servicios que ofrece, no para atender agendas ajenas a esa obligación. En el DCR impera un caos administrativo que va desde señalamientos serios en el manejo de subastas hasta mal manejo de personal, afectando así la seguridad de oficiales y los servicios a los confinados. Es hora de que la gobernadora Wanda Vázquez tome cartas en el asunto”, dijo Ortiz.

El legislador por acumulación, quien es, además, el portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad, sostuvo que la crisis en el sistema de corrección se extiende no sólo a las facilidades y condiciones de los confinados, sino que también incluye las instituciones juveniles y los programas de asignación de oficiales de custodia.

“Las denuncias que estamos recibiendo diariamente sobre el descalabro existente en el sistema de Corrección, incluyen un patrón alarmante y en aumento de dobles turnos (16 horas) de oficiales de custodia, pésimo estado de la flota y las instituciones, nombramientos de personas sin las cualificaciones para ocupar sus puestos, la asignación de personal del DCR para rendir tareas de vigilancia en edificios públicos mientras hay necesidad de estos en las cárceles y consideraciones políticas a la hora de asignar equipo y tomar decisiones de personal. Hago un llamado a la Secretaria de la Gobernación, que fue Secretaria del DCR, y a la Gobernadora para que tomen acción”, expresó finalmente Ortiz.