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Comisión senatorial encuentra conflictos en el cumplimiento de la nueva Ley de Armas

A dos años de aprobada la nueva Ley de Armas, Ley 168-2019, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador Henry Neumann Zayas llevó a cabo hoy una vista pública para indagar sobre cómo va el proceso en la otorgación de licencias de portación de armas, qué ha ocurrido con dicha Ley y si se ha llegado a tener el éxito a base de la Ley.

 

“Yo lo que quiero a base de esta resolución de investigación, [Resolución del Senado 99], es tener una radiografía lo más exacta posible de lo que está ocurriendo en estos momentos y también influenciar sobre la Policía de Puerto Rico para que mejore los procesos y cumpla con la Ley”, expresó el senador Neumann Zayas.

 

Para examinar lo pertinente a la nueva Ley de Armas, la Comisión citó a deponer al Negociado de la Policía de Puerto Rico, a la AAA Armory y a la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico; siendo esta la primera vista pública para atender el tema.

 

Durante la audiencia pública salió a relucir que hay incumplimientos con la Ley concerniente a la transferencia de fondos. “La persona que dirige la Oficina de Licenciamiento de Armas de Fuego en la Policía hoy nos declaró que en los 4 años que ha estado en la oficina, el promedio que se recibe para el funcionamiento de la Oficina ronda entre los 500 y 700 mil dólares. Aquí salió a relucir que hay un conflicto con la Ley porque según mis cálculos se reciben casi 13 millones de dólares producto del licenciamiento, de los comprobantes que hay que adquirir para poder tener las licencias”, sentenció en un aparte el senador Henry Neumann Zayas.

 

Según dispone la Ley 168-2019 en su Artículo 2.04 “el Departamento de Hacienda transferirá al Negociado de la Policía los recaudos por concepto de licencias y multas señalados en esta Ley. Los fondos recaudados serán utilizados exclusivamente para la operación continua e ininterrumpida del proceso de expedición de Licencias de Armas, sufragar el costo de la Oficina y el de cualquier campaña necesaria con el propósito de orientar al público sobre el uso y manejo de armas, o cualquier otro concepto que establezca esta Ley”.

 

Otro dato que surgió durante la ponencia del Negociado de la Policía fue que no se pudo precisar cuál es la cantidad que se recauda y si en efecto se transfiere el dinero devengado por concepto de las multas. Según Johnny Acevedo, teniente y director de la División de Armas, se multa por $300 dólares a las personas que no renuevan a tiempo la licencia de portación de armas. Pero no tiene la cantidad exacta que se genera a razón de las multas y no tiene claro si en efecto se hace dicha transferencia a la Oficina.

 

A lo que Neumann Zayas explicó que “según mis cálculos estamos hablando de alrededor de 18 millones de dólares que entran producto de los trabajos que hace esa oficina; sin embargo, recibe 500, 700 mil dólares anuales y sin embargo la Ley nos dice que todo ese dinero debe ser utilizado en esa oficina. Lo que es aún más interesante es que las agencias fiscales del Gobierno nos han dicho en vistas públicas que con 17 millones de dólares anuales se resuelve el problema de la pensión de los Policías de Puerto Rico. Aquí tenemos 18 millones anuales, producto del licenciamiento de armas de fuego. Así que lo que ha surgido de esta vista pública de hoy es sumamente interesante”.

 

También se atendió el tema en cuanto al proceso en la solicitud de licencias nuevas y las renovaciones.

 

Neumann Zayas detalló que entre los principales objetivos que dieron paso a la Ley 168-2019 es que el proceso en la otorgación de licencias de portación de armas debe ser de forma expedita; y no está ocurriendo, según la información que está recibiendo el senador.

 

Ante dicho planteamiento, Víctor González García, presidente de la AAA Armory, respondió que una de las razones podría ser la falta de recurso humano y a su vez el alto volumen de solicitudes lo que ha creado un embudo de solicitudes para renovación y para licencias nuevas, lo que ha provocado una lentitud en el proceso.

 

Por su parte, el Lcdo. Pedro Santiago, asesor legal de la Policía, coincidió con González García y añadió que “[con la nueva Ley lo que] no se pudo prever el aumento en las solicitudes”. Asimismo, dijo que “una de las acciones que se tomaron, [para atender esta situación] fue aumentar los horarios… [Ya que] antes no se aprobaban las horas extras, pero ahora con el nuevo Comisionado si se aceptan las horas extras”.

 

Según el licenciado Santiago, el Negociado está en el proceso de comprar nuevo equipo para mejorar y agilizar el proceso en la otorgación de las licencias para portar armas de fuego.

 

Neumann Zayas preguntó a los representantes del Negociado cuánto personal trabaja en la otorgación de las licencias, a lo que el teniente Acevedo respondió que hay 82 personas aproximadamente a nivel Isla y en el área de San Juan hay 32.

 

El senador Henry Neumann Zayas dijo que la Comisión seguirá llevando a cabo vistas públicas sobre este tema ya que “tengo un listado de gente que quiere deponer… y quiero dar la oportunidad a otras personas que se expresen y después hacer un informe con todo lo que hemos descubierto, no solo en términos de agilizar los procesos, si no en términos de la cantidad de dinero que hemos descubierto que puede ser utilizado para muchos propósitos de inmediata importancia para la Policía”.

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