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Jueza aprueba Plan de Ajuste de la Deuda

La jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, aprobó hoy el plan de ajuste de la deuda.

 

Como parte del plan de ajuste de la deuda, un documento de más de 400 páginas, se mantuvieron las pensiones del sector público.

 

Además, fue aprobado el plan de ajuste de la deuda para el gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de los empleados públicos.

 

Tras la decisión de la jueza, la JSF emitió una declaración en la que expresa que “hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de PR. Hoy, Puerto Rico puede comenzar a pasar de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento”.

 

Agrega que “la incapacidad de Puerto Rico para pagar su deuda ha obstaculizado la recuperación económica y ha afectado la vida de cada residente y el éxito de cada empresa. El plan de ajuste reduce la deuda en un 80% y ahorra a Puerto Rico más de 50,000 millones en pagos del servicio de la deuda”.

 

Según el organismo que maneja las finanzas del gobierno, la Isla “necesita continuar reformándose para garantizar un futuro próspero para su pueblo y que sea el pueblo quien lo determine. Promesa dio lugar a ese futuro y la JSF se enorgullece de poder desempeñar su rol en la reconstrucción de la Isla, para que Puerto Rico pueda volver a brillar”.

 

El pasado 23 de noviembre, Taylor Swain había puesto fin al proceso de vistas de argumentación sobre el plan de ajuste de la deuda.

 

Se trató de la fase concluyente de un proceso que buscaba la reestructuración de 33 mil millones de dólares de deuda constitucional.

 

El proceso concluye a más de cuatro años de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comenzará con el proceso de reestructuración de deuda.

 

Taylor Swain confirmó el plan de ajuste de la deuda tras un acuerdo entre la JSF y la Legislatura, que debía cumplir con la Ley Promesa, lo que permitía, de paso, reducir la deuda constitucional a siete mil millones.

 

Organizaciones políticas y sociales, como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, entre otras, han reclamado en reiteradas ocasiones que la deuda es ilegal y, por tanto, no se debe pagar.

 

Además, han alertado que con la medida Puerto Rico podría volver a la quiebra tan pronto como en diez años.

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