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Alcaldes del noroeste muestran preocupación y reservas con la construcción de extensión de la PR-22

 Como parte de una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura que preside la senadora, Elizabeth Rosa Vélez, sobre la Resolución 465, que en esta ocasión discutió la extensión de la autopista PR-22 de Hatillo a Aguadilla, un grupo de Alcaldes de la zona mostraron preocupación y reservas por, entre varias razones, el impacto negativo que tendría el comercio establecido en la actual PR-2.

“Buscamos en esta vista que los alcaldes tengan de primera mano la información…creo que el gobierno debe demostrar eficiencia y que la gente este informada de lo que se va hacer. Esa preocupación de los alcaldes y que se lleven una contestación de lo que estará pasando. Vamos a seguir haciendo vistas públicas sobre este tema. Hay muchas preguntas que contestar y creo que el momento que estemos todos es muy importante…el desarrollo económico no puede desligarse de la inclusión social”, destacó la también senadora por el distrito de Arecibo, Rosa Vélez.

Por su parte, Edwin González, director ejecutivo de la AC mencionó a la Comisión que el proyecto del Corredor del Noroeste Hatillo-Aguadilla, PR-22, es un proyecto de transportación con una extensión aproximada de 42.6 kilómetros que consiste en el desarrollo de una autopista entre los municipios de Hatillo hasta Aguadilla. Señaló que los planes han estado cambiando debido a la protección ambiental y otras razones y se tienen actualmente básicamente tres rutas finalistas que se han tomado detalles en consideración. Se espera comenzar con la construcción del primer tramo para el próximo año.

 

Asimismo, indicó que el alcance de su construcción dependerá de la alternativa que reúna los requerimientos de viabilidad económica, resiliencia, costo-beneficio y aceptación de las partes interesadas. “Su construcción incluirá puentes, mejoras a la carretera estatal PR-2, construcción de marginales para proveer acceso a comercios y residencias y otros elementos que persiguen lograr una vía rápida y segura. El tránsito promedio del corredor de transportación será de aproximadamente 48,000 vehículos diarios proveyendo un nivel de servicio adecuado y un tiempo de viaje de 34 minutos en promedio”, destacó.

Igualmente, detalló que el costo aproximado de construcción y adquisición de terrenos oscila entre $813 millones y $1.2 millones. “El proyecto de PR-22 Hatillo-Aguadilla ha sido designado como uno de tres proyectos prioritarios dentro del Programa de Mejoras de la ACT para participar del financiamiento de construcción de proyectos bajo el Programa CDBG-MIT del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico”, dijo González.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, expresó su rechazo a dicho proyecto señalando que el ahorro de 20 minutos tendrá daños irreparables para los municipios de la zona. “El Municipio de Aguadilla reitera su recomendación de abandonar la idea de construir una autopista campo traviesa y que se revalúe las alternativas considerando las nuevas tendencias en donde imperen la sustentabilidad y resiliencia y se fomente el uso de transporte colectivo. Además, consideramos que el impacto socioeconómico de aquellos negocios que actualmente existen o están propuestos a lo largo de la carretera PR-2 no se vean afectados. No repitamos los errores del pasado”, abundó Roldán.

En la misma línea, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, manifestó “hay que ver como se puede trabajar un desarrollo económico que es lo que la zona oeste está esperando. Cómo podemos revitalizar los puertos y aeropuertos de la región. Sea convertir la número 2 a expreso ó a campo traviesa, cómo este proyecto ayudará a la región del oeste. Si hay unas intersecciones que tienen problemas serios, pero hay mecanismos para aliviar las intersecciones…entiendo que hay alternativas que podemos ver como la transportación colectiva”.

También, participaron de la vista con iguales recomendaciones representaciones de los municipios de Quebradillas, Hatillo y Camuy. En iguales términos se expresó la ganadera, Isabel Tosado. “Mi preocupación es que la industria lechera está en una posición trágica en este momento. Mi preocupación es que se sigan impactando los terrenos, lo que tendríamos menos ocupación para la industria. Lo principal de estos municipios es la industria lechera. No creo que sea factible el tirar la finca a campo traviesa como se decía en aquel momento”.

La senadora del distrito Aguadilla- Mayagüez, Ada García, manifestó que como Senadora del oeste y el reclamo de acceso más rápido, la gente del oeste desea no tener que pasar por 50 semáforos de Aguadilla a Hatillo y siente que es una promesa incumplida. “El hecho de tener a los alcaldes y expresar las otras alternativas que son necesarias atender y coincido con ellos que el oeste necesita mayor desarrollo económico, así como mayor planificación en el tránsito…como Senadora no voy avalar ningún proyecto donde no se consulte a todas las áreas, ambientalistas, alcaldes, comerciantes y ciudadanía”.

Por su parte, la senadora novoprogresista, Keren Riquelme Cabrera, preguntó sobre las alternativas presentadas por la AC y por qué no utilizar ese dinero para mejoras a la existente PR-2 y si ya está contemplado en los fondos federales este tramo de la PR-2. El Director Ejecutivo de la AC respondió que las alternativas surgen para evitar tocar las áreas del carso protegidas para salvaguardar el ambiente. Se busca como parte del conector es proveer esa resiliencia para tener una opción para transitar por allí. Sobre los fondos, indicó que para la PR 2 tienen proyectos de mejoras que ya están activos y es parte de todo lo que están analizando.

En su turno, la senadora independentista María de Lourdes Santiago, preguntó a González dentro de las distintas opciones cuáles serían los costos de los peajes. El deponente respondió que eso no se ha determinado y se harían vistas públicas al final del proceso para indicar el costo. También, cuestionó si alguien evalúa el tema del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) en dólares y centavos y si es un elemento de planificación. González señaló que sí, se hace un estudio socioeconómico del impacto. Hay unos estudios del 2016 que queremos traer a la realidad de ahora.

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