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Puerto Rico la décima jurisdicción americana con más corrupción

Ante la urgencia de atender “lagunas” en la legislación para combatir la corrupción pública en Puerto Rico, las organizaciones cívicas Sembrando Sentido y Somos Más formaron una alianza para presentar enmiendas al Código Anticorrupción que se evalúa en la legislatura.

 

Las enmiendas buscan atender áreas que se mantienen vulnerables en el aparato gubernamental y atemperar los controles al contexto y los retos actuales en la lucha por una gestión pública más íntegra y transparente.

 

“Este es el comienzo. Una pieza más; un pedazo de un rompecabezas que seguiremos componiendo con todo aquel interesado y que comparta el mismo objetivo; el de atajar la corrupción y proteger los recursos del pueblo”, dijo Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, mientras Johnny Rullán Schimdt indicó que “este paquete de enmiendas se unen a otros proyectos que Somos Más radicó recientemente para combatir la corrupción”.

 

Las enmiendas principales que se están presentando buscan enmendar el Título III para extender el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial, prohibir las donaciones políticas de personas con contratos gubernamentales y limitar espacios que se presenten para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias.

 

También pretenden anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en dicho Código.

 

Igualmente, impulsan que se enmiende el Título IV para robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción, proveer un recurso legal externo al gobierno para asesorar a posibles alertadores; garantizar otros derechos a las personas alertadoras y asegurar la educación a los empleados públicos, contratistas y ciudadanos sobre el proceso.

 

Otras enmiendas son, en el Título VI, aumentar la información contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, asegurar que toda entidad evidencie que contratistas a contratarse no hayan sido convictos y la actualización de estos datos.

 

También, en el Título VII, se busca mejorar la coordinación y estrategias del Grupo Interagencial Anticorrupción y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño, al igual que la inherencia de representantes de la Sociedad Civil en el trabajo de dicho cuerpo.

 

Se propone, además, la creación de un Observatorio de Anticorrupción con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental, y recomendar cambios a la política pública.

 

“Comenzamos proponiendo varias enmiendas para fortalecer las normas de ética de los contratistas gubernamentales”, explicó Masses.

 

Mientras, el profesor de la Universidad de Illinois y colaborador del esfuerzo José Atiles, comentó que “las alianzas público privadas y los procesos de contratación pública son el área con mayor riesgo de corrupción”.

 

“Las contrataciones representan en promedio global entre un 30-50% del gasto público, e investigaciones recientes realizadas por organizaciones como Sembrando Sentido estima que entre 740 millones hasta 3.1 mil millones del presupuesto de contrataciones se pueden perder como resultado de la corrupción, el mal uso de recursos y/o ineficiencias en sus procesos”, afirmó.

 

Consignó, a su vez, que “de acuerdo a reportes recientes del Departamento de Justicia federal, Puerto Rico es la décima jurisdicción con más casos de corrupción gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en los últimos diez años. Además, encuestas recientes señalan que el 44% de la población puertorriqueña considera que la corrupción está presente en todas las ramas de gobierno”.

 

Para el experto, “es evidente que Puerto Rico enfrenta retos similares a los patrones globales de corrupción y por ello debemos atenderlo con procesos y controles robustos”.

 

Asimismo, señaló que las enmiendas al Código Anticorrupción pretenden reenfocar los recursos del gobierno y atender la corrupción a gran escala y en los sectores privilegiados del país, los que tradicionalmente han sido ignorados en las políticas públicas anticorrupción.

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