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Cámara aprueba nuevo régimen contributivo local para corporaciones foráneas

La Cámara de Representantes avaló anoche a viva voz el Proyecto de la Cámara 1367, que propone renovar el marco tributario local con el objetivo principal de proteger y fomentar el desarrollo industrial en Puerto Rico.

 

La medida persigue enmendar el Código de Rentas Internas y leyes sobre incentivos fiscales “para crear certeza sobre un sistema contributivo que ayude al país a tributar el dinero que necesita para lograr su desarrollo”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, quien presentó un informe positivo sobre el proyecto.

 

“Este informe es una muestra del trabajo realizado con miras a ser un cuerpo constitucional activo en el proceso de aprobar la ley más importante para nuestro país. Dentro de este consenso, debe salvaguardarse la competitividad de Puerto Rico, como destino que desea retener y atraer inversión de capital en manufactura, tan esencial para la estabilidad económica y fiscal de nuestro pueblo”, señaló el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

 

El proyecto, presentado por Partido Nuevo Progresista (PNP) y el PPD, busca atender el esquema tributario impuesto sobre el sector manufacturero tras la aprobación de la Ley 154-2010 (Ley para Establecer un Impuesto a las Corporaciones Foráneas).

 

La Ley 154 adoptó una regla de fuente de ingresos modificada y un arbitrio temporero que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden 75 millones de dólares. El arbitrio se estableció como una medida temporal que se eliminaría gradualmente luego de seis años a partir de la fecha en que fue firmada, en 2010.

 

Según la exposición de motivos del Proyecto 1367, la propuesta legislativa evitaría cualquier efecto generado por el régimen de la Ley 154 sobre las arcas del gobierno. Ese objetivo, establecido en la legislación, fue avalado también por el componente fiscal del gobierno, que participó de un proceso de vistas públicas el pasado 13 de junio.

 

De acuerdo con la ponencia presentada en vista pública por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, la legislación considera también potenciales cambios que pudieran ocurrir en un futuro cercano con respecto a las propuestas hechas por la administración del presidente Joe Biden, para lograr proteger la permanencia de las empresas manufactureras en Puerto Rico.

 

El Proyecto 1367 incluyó enmiendas para agregar cambios en la Ley 22, conocida como Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, con el fin de “hacerles justicia a todos los puertorriqueños, y garantizar las mismas oportunidades para que compitan en igualdad de condiciones”.

 

Según la exposición de motivos enmendada, al aprobarse la Ley 22 se creó una competencia desleal, “pues los y las residentes de Puerto Rico están asumiendo una carga contributiva mayor a la de los individuos inversionistas, limitando así su capacidad de competir en igualdad de condiciones con ese grupo que está exento de pagar contribuciones en esos renglones”.

 

También se añadieron cambios a la Ley 73-2008, conocida Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, para flexibilizar y ajustar a las necesidades del mercado los incentivos económicos para el desarrollo de la isla.

 

El pleno de la Cámara respaldó más temprano el Proyecto de la Cámara 702, que propone enmendar la Ley 1 del 2011, para otorgar a los veteranos no residentes en la isla que se interesen en establecer o restablecer su residencia en Puerto Rico, una exención sobre las partidas tributables que constituyen mudanza.

 

La medida, propuesta por el legislador PNP José Aponte Hernández busca propiciar la incorporación de los veteranos en la sociedad puertorriqueña una vez haya culminado su labor defendiendo a la nación.

 

“Añadir a los veteranos y veteranas no residentes en Puerto Rico en esta sección no solo es cónsono con lo ya establecido por ley, sino que es una apertura al reconocimiento y honor a todos los veteranos que desean regresar a su país. La comisión informante entiende a su vez que la medida no representa un impacto económico al fisco”, detalló el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Kebin Maldonado.

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