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Gobernador firma orden ejecutiva para cerrar la brecha digital

El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó hoy la orden ejecutiva 2022-040 para la creación de un programa que permita maximizar los 2,265 millones asignados a Puerto Rico mediante el Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021 para la construcción de infraestructura de banda ancha en la isla.

 

“El gobierno reconoce la importancia de la banda ancha en el desarrollo económico de la isla y sus municipios, por lo que considera que es indispensable desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso de este servicio a todos los ciudadanos”, destacó Pierluisi.

 

La orden ejecutiva requiere que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) coordine, autorice y ejecute el desembolso de los fondos locales y federales asignados a Puerto Rico.

 

“Mantenemos un claro compromiso de construir la infraestructura necesaria mediante la implementación de planes de acción, dirigidos a que dichos fondos sean utilizados debidamente y con premura para aumentar la calidad del servicio de banda ancha en Puerto Rico, en aras de continuar cerrando la brecha digital para el beneficio de los sectores más desventajados”, afirmó el mandatario.

 

El programa tendrá como finalidad primordial coordinar, autorizar y ejecutar el desembolso de los fondos federales según los parámetros legales, las regulaciones y normas aplicables de agencias federales como el Departamento del Tesoro, así como con el Plan Estratégico que el Comité Ejecutivo adoptará con el insumo del Consejo Asesor.

 

El Comité, que servirá por el tiempo que determine el gobernador, estará integrado por el secretario auxiliar de la Gobernación para Innovación y Tecnología, Enrique Völckers Nin; la principal ejecutiva de Innovación e Información del gobierno, Nannette Martínez Ortiz, y tres representantes con poder decisional que provengan del Negociado de Telecomunicaciones, la OGP y el Departamento de Hacienda.

 

Mientras, el Consejo Asesor contará con la pericia en temas de gobierno y administración pública de representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes y un representante de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.

 

El Comité Ejecutivo tendrá entre sus deberes y responsabilidades coordinar con las agencias que se definan en el Plan Estratégico los términos y condiciones, así como los contratos, guías y documentos con los que todo solicitante y beneficiario de los fondos debe cumplir.

 

También, recomendar al gobernador la distribución de fondos entre programas e iniciativas, promover acuerdos de colaboración con entidades federales y locales y referir a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro y a otras agencias pertinentes cualquier irregularidad detectada en el uso de fondos.

 

En noviembre pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través del Infrastructure Investment and Jobs Act propuso la inversión de un trillón de dólares para la construcción de infraestructura relacionada con carreteras, puentes, tránsito, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, banda ancha e infraestructura de agua potable y alcantarillado a ser distribuido en Estados Unidos.

 

En el caso de la infraestructura relacionada con banda ancha, la ley federal estipula ciertos requisitos indispensables para el desembolso de los fondos a nivel estatal o territorial, incluyendo a Puerto Rico, tales como los relacionados con asequibilidad para familias de bajos ingresos.

 

También provee para la otorgación de subvenciones a los Estados y territorios para el despliegue de banda ancha a través de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) y los Departamentos de Comercio y del Tesoro.

 

Asimismo, amplía los proyectos elegibles a través de inversión privada, fomenta los esfuerzos de construcción de las redes de acceso y transporte (“middle mile” y “last mile”) entre los abonados y las compañías de telecomunicaciones, e implementa requerimientos de etiquetas de información (“nutrition labels”) en los servicios otorgados.

 

La orden ejecutiva entró en vigor de manera inmediata.

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