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Director de la AAPP sostiene durante vista en el Senado que LUMA “no ha cumplido con las métricas más importantes”

El director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sostuvo durante una vista en el Senado que LUMA Energy ha cumplido con el 85 por ciento de las métricas establecidas por el Negociado de Energía (NE), pero ha fallado en las más importantes, como la duración en las interrupciones del servicio eléctrico.

En la vista pública de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza Gómez, Fontanés explicó que conforme a lo contemplado en la Ley 29 y la Ley 120, la AAPP tiene un rol importante de supervisión como administrador del contrato.

“Ese rol es mayormente compartido con el Negociado de Energía, que a tenor con la Ley 17, es la entidad independiente a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y de asegurar el cumplimiento con la resolución y orden dictada por dicho foro el 24 de agosto de 2020, aprobando el Plan Integrado de Recursos”, manifestó el deponente en su ponencia.

Zaragoza le preguntó qué nota del 1 al 10 le daría al rendimiento de LUMA en este año y medio, a lo que Fontanés respondió que “hay que mirarlo en diferentes áreas. Ellos han cumplido con el 85 por ciento de sus métricas. Las métricas que no han cumplido son las importantes como la duración de los apagones. En su totalidad cumplen, en comparación con la AEE, que no han cumplido con alrededor de un 48 por ciento con la generación”.

Además, dijo que LUMA está fallando en las medidas críticas y en la comunicación. “Yo le daría un 6.5, porque hay métricas importantes que están cumpliendo y fáciles de cumplir que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca lo había hecho. Es positivo que el tiempo de respuesta telefónica es de menos de un minuto, pero la duración de los apagones es inaceptable. Tienen que mejorar las métricas que nos tocan como ciudadanos”.

El presidente de la comisión cuestionó también quién es el principal responsable de la supervisión del contrato de LUMA. Fontanés indicó que es un rol dual. “Nosotros somos administradores, el NE es el regulador independiente. Esos planes son parte de una transformación del sistema. Antes no existía, no había un plan a largo plazo. Esto no es un problema de fiscalización; sino de ejecución. Este es el contrato más fiscalizado en Puerto Rico”, añadió el deponente.

“El saldo final de la vista es que casi nadie quedó satisfecho por las contestaciones del señor Fontanés. Yo creo que hay mucha vaguedad, mucha gente supervisando y cuando mucha gente supervisa, nadie supervisa. Hay manipulación de datos por el Negociado de Energía. Yo creo que el saldo final, aunque él hizo un esfuerzo genuino, es que creo que aquí nadie quedó convencido de que por lo menos del lado de la APP se está haciendo una fiscalización efectiva del contrato de LUMA”, destacó Zaragoza.

En su turno, la senadora Migdalia Padilla, del Partido Nuevo Progresista (PNP), destacó que “el papel aguanta lo que se escribe, pero en el proceso de administrar y supervisar hay un lapso en que nos estamos quedando. Aquí hay muchas cosas relacionadas a la calidad del servicio”.

A la vez, preguntó qué mecanismos y evidencia utilizan para esto que está escrito (refiriéndose a la ponencia), y Fontanés respondió que hay diferentes entes que están velando. “Esto lo fiscaliza el COR3, FEMA, el contralor, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Es por diferentes áreas”, explicó.

Asimismo, el senador novoprogresista William Villafañe cuestionó a Fontanés si hoy LUMA sabe en torno a las piezas obsoletas, averiadas o condiciones en las diferentes subestaciones. El deponente respondió que en este momento sí lo sabe, porque la empresa ha estado trabajando directamente con esas áreas.

Igualmente, Villafañe preguntó sobre lo estipulado en el contrato si se diera el proceso de cancelación. El funcionario explicó que una cancelación de contrato con justa causa, no le costaría al pueblo, pero LUMA se tiene que quedar operando el sistema mientras se hace el proceso de conseguir un operador nuevo mediante licitación.

“La idea o el concepto de que se puede cancelar y LUMA se va mañana, no es así. Habrá que pasar procesos legales y de la corte de quiebra”, sostuvo. También explicó que en una cancelación sin justa causa habría que pagar una penalidad de 115 millones de dólares.

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