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Gobernador convierte en ley definición de esenciales los servicios de salud

Con el objetivo de que se identifiquen los recursos fiscales para satisfacer y mejorar el ambiente laboral en la salud pública, el gobernador Pedro R. Pierluisi firmó hoy el Proyecto de la Cámara 1154, que define como esenciales los servicios de salud en la isla.

 

Para esos efectos, se revisarán los tarifarios que reciben los profesionales de la salud y proveedores de servicios dentro del Plan de Salud del gobierno. También, se evaluará la asignación de presupuesto para el mantenimiento o mejoras a las instalaciones hospitalarias del Estado, en especial a las que componen el Centro de Médico de Puerto Rico.

 

Asimismo, se revisarán las escalas salariales y será prioridad reclutar personal, al igual que reabrir los puestos vacantes necesarios para subsanar la sobrecarga de trabajo que enfrentan los empleados de hospitales del gobierno.

 

“Nuestros profesionales de la salud han demostrado su gran dedicación y esmero para atender a nuestro pueblo y durante la pandemia de Covid-19 su esfuerzo y entrega fue clave para mantener nuestros hospitales bajo control. Esta medida reitera el compromiso que tengo con la salud de nuestro pueblo y con estos profesionales para que estén bien remunerados y cuenten con las mejores condiciones laborales”, sostuvo el gobernador.

 

Aparte, el gobernador firmó dos medidas vinculadas con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Al darle paso al Proyecto de la Cámara 1170 se crea el Incentivo de Responsabilidad Vial para conceder un descuento de 30 por ciento en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia de conducir a toda persona que el DTOP certifique que no ha tenido multas en los 12 meses anteriores a la renovación de la licencia.

 

El descuento estará disponible para uso en un solo vehículo registrado a nombre de la persona a la que se le concederá el descuento durante el período del marbete. La otra pieza legislativa que contó con el aval del gobernador es el Proyecto de la Cámara 864, que reemplaza el concepto de delito menos grave por falta administrativa en los casos en que conductores de vehículos pesados-ómnibus público y transporte incurran en exceso de velocidad.

 

Al recibir la recomendación positiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), el gobernador firmó el Proyecto del Senado 80 que enmienda la Ley de la Oatrh para que se ofrezcan cursos de capacitación y estudios continuados en materias financieras y de gerencia de proyectos a los empleados de las agencias del gobierno.

 

También dio paso al Proyecto del Senado 480, que enmienda la Ley de la Industria Hípica de Puerto Rico, para que el dinero acumulado, por razón de caducidad, sea inmediatamente remitido por las personas naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos, y depositado después de cada día de carreras en una cuenta especial de una institución bancaria local donde devengue intereses.

 

Pierluisi también firmó las Resoluciones Conjuntas del Senado (RCS) 100, 110 y 111 para que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Cedbi) evalúe varias transferencias a los municipios de Isabela y Arecibo.

 

El gobernador le explicó, mediante carta, a los presidentes legislativos las razones para no favorecer el Proyecto del Senado 274 (PS 274) así como la Resolución Conjunta del Senado 127 (RCS 127). En relación con la primera medida, que proponía enmendar varias leyes para establecer un protocolo para el manejo de las escuelas cerradas o por cerrarse, el primer mandatario recordó que ya existe un procedimiento para la atención de los planteles en desuso con el Cedbi, lo que quedó evidenciado con las RCS 100, 110 y 111 firmadas hoy.

 

Además, el gobernador sostuvo que la creación de la Comisión Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas, además de representar duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia en el trámite de los planteles escolares en desuso, tiene un impacto fiscal en los gastos del gobierno que no está contemplado en el plan fiscal ni en el presupuesto del año fiscal 2023 para el gobierno, pues la medida no identifica recursos.

 

Con respecto a la RCS 127, a través de la cual se ordenaba al DTOP transferir, libre de costo, incluyendo cualquier deuda, la finca 6095 al municipio de Morovis, el gobernador comentó que la medida contiene errores técnicos y procesales que imposibilitan su firma. Sin embargo, indicó que por la vía administrativa comenzará, en cumplimiento con las leyes aplicables, el proceso para que las familias que residen en esos predios puedan recibir sus respectivos títulos de propiedad.

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