El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, afirmó hoy estar “sumamente sorprendido” por el arresto de su ayudante especial Radamés Benítez, pero la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) aseguró que había alertado al primer ejecutivo municipal sobre las actuaciones ilegales de funcionario, que obtuvo más de 200 mil dólares tras favorecer con un contrato a una empresa de recogido de basura.
La Opfei indicó que había alertado a Cruz sobre las actuaciones ilegales de su ayudante, pero “aun así lo mantuvo en el puesto”.
Según documentos del Panel, Benítez, siendo ayudante del alcalde, aceptó su culpabilidad en un caso referido en el año 2015 por César Miranda, para ese entonces secretario de Justicia.
El PFEI presentó cargos por la compraventa de un vehículo para uso proselitista en instalaciones municipales.
Tras el acuerdo de culpabilidad, la Opfei puso en conocimiento al alcalde Cruz de que Benitez había aceptado haber realizado la transacción que había hecho en representación del gobierno municipal, cuando era para uso de la campaña política del alcalde.
“Aun así, Cruz no tomó acción disciplinaria ulterior ni lo removió de su puesto. Informes de prensa revelan que, previo a la acusación federal, Benítez se desempeñaba como ayudante ejecutivo realizando funciones de vicealcalde y gozando de la confianza del ejecutivo municipal”, afirma la dependencia gubernamental.
Pese a estas revelaciones, Cruz dijo estar “sumamente sorprendido” por el arresto del funcionario.
“Lamento profundamente esta situación, pero la corrupción hay que atacarla venga de donde venga. Ante lo sucedido en la mañana de hoy, he dado instrucciones para que se proceda con una suspensión sumaria y nos resta esperar el debido proceso de ley. Siento mucho por lo que está pasando la familia. A mi pueblo de Trujillo Alto les digo que pueden estar tranquilos que las gestiones administrativas y operaciones seguirán como de costumbre. Por el día de hoy no estaré brindando más expresiones públicas hasta tanto tengamos más detalles oficiales al respecto, y para poder encaminar las acciones administrativas que correspondan”, declaró.
Benítez, que comenzó en 2009 a trabajar en Trujillo Alto, “se enriqueció aceptando sobornos y comisiones ilícitas de dos personas (A y B, según la acusación) a cambio de obtener contratos municipales para compañía A, una empresa de desperdicios sólidos. El individuo B negoció el pago a nombre del invididuo A. Era un soborno mensual: 75 centavos por cada casa en la que se recogía basura, de acuerdo al contrato”, señala la acusación federal.
Eran más de 17 mil dólares por 23 mil casas.
Además, recibió una pago adelantado de 200 mil dólares para asegurar que la compañia recibiera el contrato de recogido.I
