Durante vista pública de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central que preside el senador, Ramón Ruíz Nieves, para evaluar la Resolución Conjunta del Senado 202, que busca ceder al Consorcio Alianza para el Turismo en el Sur la operación del Aeropuerto Mercedita de Ponce, tanto la Autoridad de Puertos como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mostraron reservas a la medida debido a la falta de experiencia del Consorcio y regulaciones existentes de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
“Esta vista tiene que ver con el desarrollo del aeropuerto Mercedita en Ponce que juega un papel importante en la economía de la zona sur. Los alcaldes de la región han establecido un consorcio y presentaron sus alternativas como componente para el desarrollo de la zona sur, así también en unión a la Cámara de Comercio. Necesitamos saber cuál es el plan real del gobierno con el aeropuerto y así se ha solicitado a las agencias concernientes”, destacó el también senador por el Distrito de Ponce, Ruíz Nieves.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, quien participó como deponente, expresó que la transferencia que promueve la RCS202, no sería económicamente viable ni rentable. “Sin embargo, no descartamos la posibilidad que, de cara al futuro, tal transferencia sea factible, sujeto a la demostración de la experiencia y pericia necesaria, así como el cumplimiento con todos los requisitos federales y estatales aplicables para la operación, administración y mantenimiento del aeropuerto Mercedita en Ponce”, sostuvo Pizá.
Ruíz, quien también es autor de la medida, preguntó al deponente cuánto cuesta la operación del Aeropuerto Mercedita en Ponce. Pizá detalló que para el 2019 generó ingresos ascendentes $1 millón, pero en gastos operacionales el total aproximado fue de $2 millones.
Además, el director ejecutivo explicó que, en caso de cualquier cambio de operador de un aeropuerto, las certificaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no se transfieren de manera automática, sino que tendrán que volver a ser sometidas, analizadas y aprobadas por la entidad federal. De igual manera, mencionó que “el operador que sea propuesto para el cambio tiene que probar su trayectoria en el campo aeroportuario, así como también debe contar con antecedentes de operación exitosa, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero”, sostuvo. Añadió que no tendría el aval del Gobierno Federal sin tener un operador con experiencia.
El senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, reiteró la pregunta a Pizá sobre la posición de Puertos referente a si la propuesta está condicionada o no. El director respondió que la Autoridad no está en contra de los consorcios, pero que sea una operación completa manteniendo la titularidad el gobierno. Pizá destacó nuevamente las regulaciones que tiene la FAA debido a los millones de dólares que desembolsa. Señaló que tiene que mediar un proceso competitivo.
En iguales términos, se expresó Laura Díaz en representación del DDEC. “Nuestros reparos responden principalmente a que entendemos que el Aeropuerto, por ser uno de los activos principales del Gobierno de Puerto Rico, debe permanecer bajo la administración de la agencia con jurisdicción y pericia en la materia, en este caso, la Autoridad de Puertos”, expresó Díaz.
De otra parte, Jean Paul González, a cargo de la oficina de Planificación del Municipio de Ponce, defendió ante la Comisión las gestiones que han estado llevando a cabo e indicó que “realmente no venimos hacer algo que sea imposible”. Mencionó que están trabajando con la información correspondiente y buscando colaboración con administradores de aeropuertos como el de la ciudad de Orlando en Estados Unidos.
Además, González destacó que el Municipio tiene experiencia trabajando con muchos fondos que son regulados. “Queremos que el aeropuerto se empiece administrar con los intereses del sector del sur”, insistió González, quien además informó que se están preparando para tener la capacidad de conseguir una aprobación de la FAA.
