La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de un referido de su división de Auditorías de Municipios sobre irregularidades relacionadas con dos contratos de servicios de diseño y preparación de planos en Luquillo.
La investigación reveló que el municipio contrató a una persona para realizar los servicios de diseño de planos y decoración de interiores sin tener las licencias requeridas.
Aunque en la red social LinkedIn la contratista se describe como presidenta de una compañía de diseño de interiores, la mujer no figura en los archivos del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico ni consta en Juntas Examinadoras del Departamento de Estado.
A tales efectos, los dos contratos firmados en junio y en noviembre de 2014, por un total de 9,300 dólares, son nulos al no cumplir con los requisitos establecidos por las leyes vigentes.
Además, el municipio actuó contrario a la Ley 237-2004 sobre los parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos, ya que pagaron facturas por servicios rendidos fuera de la vigencia de los contratos.
El informe concluye también que el alcalde incumplió con disposiciones de la Ley 81-1991, de Municipios Autónomos, porque contrató a una persona que no está autorizada a ejercer como decoradora o diseñadora de interiores en Puerto Rico y pagó de forma incorrecta las facturas del segundo contrato.
Los resultados de la investigación se refirieron el 11 de mayo de 2021 al Departamento de Justicia, a la Junta Examinadora al Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico.
El resultado de la investigación, con fecha del 6 de junio, está disponible en www.ocpr.gov.pr .
Irregularidades en Salud Ambiental
Aparte, la Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Secretaría Auxiliar para Salud Ambiental y del Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe de un hallazgo revela que los contratos formalizados para proveer el acceso a servicios a la ciudadanía desde una plataforma digital, carecían de las cláusulas necesarias para garantizar, durante una emergencia, la continuidad de los servicios.
Algunos de ellos deben estar disponibles las 24 horas al día, los siete días de la semana, como la solicitud de inspección, las renovaciones de licencias y permisos, el procesamiento de pagos, y la asignación de inspectores.
Esta situación provocaría que, de terminar el contrato, el Departamento quedaría desprovisto de acceso a sus datos. De hecho, durante la pandemia de Covid-19, el contrato venció y la compañía desconectó de la plataforma los servicios relacionados con la Secretaria Auxiliar para Salud Ambiental.
La auditoría señala que la compañía no entregó los respaldos de las transacciones procesadas, según estipulaba el primer contrato, y el Departamento tampoco se los solicitó.
Al 16 de julio de 2020, la Secretaría Auxiliar no contaba con los respaldos de la información procesada en la plataforma digital. Esta situación no permite tener disponible, en caso de emergencia, los respaldos de información necesarios para la continuidad de las operaciones.
Este tercer y último informe, cubre el período del 5 de mayo de 2014 al 30 de noviembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr .
