Final y firme sentencia a favor de los miembros de la Guardia Nacional

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Tras la sentencia advenir final y firme la decisión del Tribunal de Primera Instancia, la Oficina de Registro de Armas de la Policía de Puerto Rico adscrita al Negociado de Seguridad Pública, deberá tramitar licencia de armas nueva y/o renovación de todo miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico de forma expedita y sin requerir el pago de comprobante, según dispone la nueva Ley de Armas 168 del 11 de diciembre de 2019.

 

 

 

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, celebró la sentencia judicial emitida que obliga al estado a cumplir con la ley y da la razón a CODEPOLA, que en agosto del 2020 CODEPOLA, en conjunto con varios socios y miembros de la guardia nacional, radicaron un Interdicto Preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en agosto para exigir al Negociado de la Policía de Puerto Rico que cumpla con la disposición de la Ley de Armas de Puerto Rico.

 

 

 

 

Torres Meléndez expresó que “una vez más, esto demuestra el compromiso de CODEPOLA de hacer valer los derechos de los ciudadanos y agradecemos que el tribunal haya hecho justicia a los miembros del honroso cuerpo de la Guardia Nacional de Puerto Rico”.

 

 

 

 

Explicó que la ley 198-2019 establece que, como funcionarios del orden público y por razón de sus funciones, están obligados a portar armas y que pueden obtener su licencia de armas libre de costos, pero el Negociado “se ha negado a reconocer ese beneficio y les rechazaba la solicitud sin el pago de comprobante $200 (licencia nueva), aun sabiendo que, en situaciones de emergencia, estos son los primeros funcionarios de gobierno que tienen que responder”.

 

 

 

 

El licenciado que llevó el caso, Humberto Cobo Estrella, confirmó que la sentencia emitida advino final y firme; y el incumplimiento de esta determinación judicial podría conllevar hasta desacato para el Negociado de la Policía.

 

 

 

 

Los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, los cuales han sido afectados adversamente por la práctica ilegal del cobro de un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación y que incoaron la demanda junto a CODEPOLA, fueron Pedro Sosa Ramos, Sargento de la GNPR; Orlando Xavier Avilés González, Especialista de Transportación de la GNPR; Gerald G. González Hernández, Especialista de Transportación de la GNPR y Pedro Calderón Calero, Infantero y miembro de la GNPR.

 

 

 

 

Torres Meléndez indicó que tomó acción luego de ser informado por varios de sus socios y miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que la Oficina de Licencias de Armas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a través de sus empleados y/o agentes rechazaron recibir solicitudes de licencias de armas nuevas y/o de renovación de estos miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sin que estos presentaran un comprobante, en clara violación a la nueva Ley de Armas 168-2019.

 

 

 

 

El Artículo 2.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico establece el “Procedimiento de Expedición de Licencia de Armas a Ciertos Funcionarios del Gobierno”, y especifica que los miembros de la Guardia Nacional son funcionarios y empleados que cualifican para un proceso expedito, siempre y cuando no estén impedidos por esta Ley o cualquier otra ley federal o estatal de poseer armas de fuego. El Artículo 1.02 (a) de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 incluyó a todo miembro de la Guardia Nacional en su definición de “Agente del Orden Público”.

 

 

 

 

Torres concluyó que “es evidente, que la referida Ley dispone de un proceso expedito para ciertos funcionarios y/o empleados de gobierno, y que, además, estarán exentos del pago por concepto de licencia de armas, en virtud del inciso (b) del Artículo 2.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2019. El Tribunal garantizó que en el futuro, no se volverán a imponer requerimientos ilegales e irrazonables a los ciudadanos que fungen como miembros de la Guardia Nacional que soliciten una licencia de armas porque es clara la letra de la ley”.

 

 

 

 

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) cuenta con una matrícula de sobre 110,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas. El derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país. Para más información, pueden acceder a la página https://www.facebook.com/codepolallamar al (787) 506-8311 o visitar las oficinas en Trujillo Alto.

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