González impulsa la permanencia de sus medidas a favor de los veteranos en comité de conferencia de la Ley de Defensa

EDICIÓN IMPRESA

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, insistió en que se sostengan sus iniciativas a favor de los veteranos y militares, incluidas en el H.R. 4350 Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en ingles) para el año fiscal 2022. La medida se aprobó en la Cámara y se espera que el Senado de paso a su versión de la legislación la próxima semana. Esto resultaría en un comité de conferencia que reconciliaría ambas propuestas.

La congresista envió misivas a Jack Reed y Jim Inhofe, presidente y líder de la minoría en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado y a la contraparte de ellos en la Cámara, Adam Smith y Mike Rogers en donde abogó por sus enmiendas y proyectos que ya habían recibido apoyo bipartita y se incluyeron en la versión de la Cámara.

Además de las enmiendas, la comisionada abogó por la asignación de $84 millones para la Escuela de la base Ramey, en Aguadilla, $22,310,000 para microrredes y $14,000,000 para una unidad de reemplazo de vivienda familiar en el Fuerte Buchanan, así como las demás asignaciones de fondos que contempla la medida.

La primera enmienda requerirá que el secretario de la Defensa asigne un equipo de investigación no gubernamental de expertos en salud pública, para estudiar el impacto de la exposición a químicos peligrosos en la salud de individuos que residen cerca de los llamados Superfunds, denominación dada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a lugares contaminados, relacionados a la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, Culebra y Vieques.

La segunda enmienda impediría el retiro de la plataforma de desembarco y servicio LCM-8 de la Guardia Nacional en Puerto Rico. La Guardia Nacional usó estas naves como parte de la respuesta a la emergencia del huracán María y durante los últimos dos años mientras se reparaban las naves del Departamento de Transportación Pública (DTOP). Hace poco, los soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico brindaron una entrega de alimentos, agua y otros esenciales que salvó vidas. Aunque los barcos están programados para reemplazo, el plan de transición actual no tiene fecha límite para la entrega de las nuevas unidades MSV(L)s. Esta enmienda busca asegurar que no habrá brecha entre el retiro del LCM-8 y la adquisición del MSV(L).

Otra de las enmiendas presentadas por la comisionada requeriría que el secretario del Ejército de los Estados Unidos instalara un pequeño campo de tiro modular (Modular Small Arms Range) para la Reserva del Ejército en Puerto Rico. Actualmente, los soldados de la Reserva deben viajar al campo de tiro de la Guardia Nacional en el Campamento Santiago para realizar evaluaciones anuales de armas de fuego. Este nuevo campo de tiro ayudaría a disminuir la carga administrativa y concentrar esfuerzos en la formación y preparación de personal.

González Colón también abogó por dos de sus proyectos bipartitas que están contenidas en la medida.

Bajo el inciso 736 se incluyó el H.R. 5061, de autoría de la comisionada, que busca eliminar el estigma de salud mental en las Fuerzas Armadas permitiendo al secretario de Defensa la utilización de un conjunto de herramientas existente llamadas Command Climate Surveys. Los resultados de las encuestas se pondrán a disposición del Congreso, donde podrán ayudar a impulsar decisiones políticas basadas en evidencia para las Fuerzas Armadas y el público general.

“Si el Departamento de Defensa se toma en serio la lucha contra el estigma, como dice, aplicará el mismo nivel de rigor metodológico que se ha aplicado a otras cuestiones, por ejemplo, SHARP y el acceso a medios letales. En la actualidad, estamos intentando solucionar un problema que no podemos medir”, expresó la congresista en la carta.

El inciso 6460 está basado en dos medidas de la comisionada, el H.R 2587 para apoyar el reconocimiento de la educación de veteranos durante emergencias o SERVE Act, por sus siglas en inglés; y el H.R. 1124, Veteranos Sirviendo a Veteranos.

El 6460 requeriría que el secretario de Defensa recopile información de contacto y capacitación médica de los miembros del servicio en transición. Esta información luego se compartirá con los organismos estatales de acreditación, asuntos de veteranos, organizaciones de veteranos y otros. También instruye al secretario de Asuntos del Veteranos (VA) a que establezca un programa de técnico de atención intermedia para los veteranos antes mencionados.

“Muchos veteranos poseen una amplia experiencia médica desde su tiempo en servicio. Sin embargo, debido a que estos veteranos a menudo no poseen una licencia civil, no pueden traducir esas valiosas habilidades para ayudar a la recuperación de nuestra nación después de desastres naturales, incluido el COVID-19. Esta iniciativa aumentará el número de trabajadores de la salud calificados y experimentados, al mismo tiempo que brindarán a los veteranos acceso a carreras significativas posteriores al servicio”, explicó la comisionada.

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