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Ponce ve resultado de su denuncia contra la exalcaldesa Mayita Meléndez por violación a Ley de Municipios Autónomos

El tiempo le dio la razón al hoy alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, quien el cuatrienio pasado, siendo legislador municipal de minoría, radicó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor contra la entonces alcaldesa María ‘Mayita’ Meléndez Artieri, por mantener de manera ilegal a varios directores que no habían pasado por el cedazo de Legislatura Municipal para su evaluación y confirmación en el término que ordenaba la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, que era de 90 días.

 

“Aquí vemos el resultado de los señalamientos que habíamos hecho anteriormente, con la recomendación de una multa de la Oficina de Ética Gubernamental a la exalcaldesa por los nombramientos irregulares que había hecho”, sostuvo el ejecutivo municipal ponceño al darse a conocer hoy, que Meléndez Artieri se expone a una multa ascendente a $20 mil.

 

Ética solicitó una multa de $20,000 contra Meléndez Artieri por una infracción al Artículo 4.2 (r) y una infracción al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

 

A pesar de que fueron siete los funcionarios que permanecieron en sus puestos, ya fueran nombramientos nuevos o cambios de puesto, la exalcaldesa se expone a una sola infracción, ya que envió luego todas las nominaciones a consideración de la Legislatura Municipal el mismo día.

 

Los nombramientos se hicieron entre el 2017 y 2018, pero todos llegaron a la Legislatura Municipal para su confirmación en marzo de 2019. El doctor Irizarry Pabón había reclamado como portavoz de la minoría que los funcionarios reembolsaran al Municipio Autónomo de Ponce los sueldos devengados en el tiempo que excedió el término de 90 días.

 

A pesar de la querella radicada por el ahora alcalde, Meléndez Artieri no realizó gestión alguna para recuperar los fondos públicos devengados por los funcionarios de manera ilegal. Siendo la autoridad nominadora, permitió que los nominado se beneficiaran del sueldo que correspondía a cada nombramiento, cuando, por haberse vencido el término que establece la ley para que dichos nombramientos fueran sometidos a la legislatura del Municipio, estos no debieron continuar ocupando sus respectivos puestos, indica la querella.

 

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