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Representante insiste en aplicar decisión previa a deuda de la AEE

En la continuación de vistas públicas que atiende la Resolución 563 de la autoría del representante José Rivera Madera, y en la cual se persigue investigar el uso que se le dio a los fondos provenientes de las emisiones de bonos hechas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre el 2010 al 2016, el turno para deponer le tocó al director ejecutivo de la corporación pública Josué Colón Ortiz, quien estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Directores, Fernando Gil-Enseñat.

 

En su ponencia, Colón Ortiz trató de exponer como la razón principal para el desface económico que llevó a la AEE a su condición actual de quiebra es el hecho de que esta corporación mantuvo por más de 20 años una tarifa básica inalterada.

 

De otro lado, tanto Colón Ortiz como Gil-Enseñat, aludieron al hecho de que la resistencia por motivaciones políticas de no permitir el cambio a gas natural a través de proyectos como el gaseoducto del sur y la llamada “vía verde” suprimió la posibilidad de alcanzar una producción energética a menor costo. Para sustentar esta posición hicieron referencia a las conclusiones del informe de Kobre and Kim, firma investigativa contratada por la Junta de Superación Fiscal (JSF) cargo de indagar sobre los orígenes y causas de la situación financiera de Puerto Rico.

 

Sin embargo, la insatisfacción del representante, en cuanto a línea suscrita por los deponentes, quedó evidenciada al éste exponer que la razón principal de las vistas y la pieza legislativa se circunscribían al hecho particular de aclarar la necesidad, justificación y procesos que enmarcaron las emisiones de bonos consentidas entre el 2013 al 2016, subrayando el hecho de que, “estas emisiones fueron realizadas con la idea de, robustecer las finanzas y condiciones operativas de la AEE y por el contrario, lo que hemos notado fue que se continuó con el patrón de conceder contratos que terminaron en nada”, sostuvo Rivera Madera.

 

Por otra parte, Rivera Madera sostiene su opinión de que los bonistas de la AEE solo tendrían derecho a reclamar lo que está asegurado, o sea a ocho millones de dólares y no a los 8 billones en deuda.

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