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UGT pide precisar el impacto de las 50 leyes que se derogarán y cómo enmendarán la Constitución para dar paso al Plan de Ajuste de la Deuda

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson L. Guzmán López, demandó en el día de hoy del liderato de la Legislatura de Puerto Rico, el Gobernador y la Junta de Control Fiscal se le precise al pueblo trabajador puertorriqueño cuáles serán las 50 leyes que se derogarán o enmendarán para hacer compatible el estado de derecho del país con el Plan de Ajuste Fiscal (PDA) que está bajo la consideración de la juez Laura Taylor Swain en el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico. El líder sindical también reclamó que se le explique al país el mecanismo mediante el cual se enmendará la Constitución, que también ha salido a relucir se hace necesario para poner en vigor el PDA.

 

“Estamos plenamente convencidos de la validez de nuestro reclamo pues nos genera una gran preocupación la cantidad de leyes que se pretende derogar o enmendar, sin que nadie, hasta el presente, nos haya dicho cómo esa masacre legislativa va a impactar al pueblo trabajador. Nuestra experiencia nos dice que la carga mayor de ese cambio en nuestro estado de derecho recaerá fundamentalmente sobre las espaldas del pueblo trabajador. Hasta el presente no se han alterado en forma alguna las leyes que garantizan derechos o beneficios económicos para la clase patronal del país”, precisó el líder sindical.

 

Otro reclamo que hace el presidente de la UGT, sindicato que agrupa a más de 10,000 trabajadores, es que se haga público el método mediante el que se propondrá realizar enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado.

 

“Hasta el presente se ha seguido un riguroso proceso para enmendar nuestra Constitución y se ha hecho con la más amplia participación de nuestro pueblo. Esperamos que en esta ocasión no se haga excepción de dicho proceso”, recalcó.

 

Guzmán López llamó la atención sobre estos cambios y se preguntó el por qué no fueron divulgados durante el proceso de consideración y aprobación del Proyecto 1003 y la posterior aprobación de la Ley 53 que viabiliza el PDA.

 

“Esta falta de transparencia pone en entredicho, tanto a los legisladores que aprobaron la medida, como al Gobernador que le estampó su firma. Tanto si sabían de esta disposición y no lo informaron al pueblo, como si no lo estudiaron antes de emitir su voto aquellos que se expresaron afirmativamente sobre el mismo. En ambos casos porque faltaron a su deber de informar al país y en el primer caso tendrían que dar explicaciones porque no hicieron público el hecho y en el segundo, porque quedaría evidenciado que no estudiaron a profundidad el contenido de lo que les preparó la Junta”, precisó Guzmán López.

 

El líder sindical expresó su expectativa de que tanto la Junta, como los integrantes de la Legislatura y el Gobernador, no despachen este importante asunto haciendo un llamado a pasar la página.

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