Con una petición presupuestaria de $21.6 millones adicionales, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aseguró a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que en el próximo año fiscal priorizará, entre otros asuntos, fortalecer la fiscalización de los incentivos otorgados bajo la Ley 60-2019 y disminuir el cúmulo de miles de solicitudes de decretos contributivos pendientes de ser atendidas.
Así declaró el secretario de la agencia, Sebastián Negrón, durante el seguimiento de las vistas públicas de presupuesto para el año fiscal 2025-2026 que son presididas por el representante Eddie Charbonier Chinea. A preguntas del legislador, el DDEC indicó que estas gestiones conllevarán la integración en línea de todas las solicitudes de incentivos e informes de cumplimiento, así como la optimización de los métodos de fiscalización.
“Es una ley bastante buena, pero la parte que nos preocupa es si el Departamento está siendo objetivo y fiscalizador en este tema”, expresó Charbonier Chinea. “Es un beneficio que es bueno para las personas que van a hacer las cosas bien. Si alguien falla, vamos a recuperarlo”, agregó.
El titular del DDEC detalló que en los últimos cuatro años se revocaron alrededor de 300 decretos de un total de 3,186 individuos residentes e inversionistas beneficiarios y, desde su perspectiva, “podemos hacer aún más”. Afirmó, además, que más del 60 por ciento de los incentivos son otorgados a puertorriqueños y empresarios locales.
La agencia solicitó un nuevo presupuesto de $96.7 millones, de los cuales contempló un incremento de $3.4 millones destinados para reclutar personal para la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Oficina de Desarrollo Negocios y la Oficina de Incentivos que, de acuerdo con Negrón, es necesario para reforzar los procesos de auditoría.
“Hay mucha oportunidad para continuar el trabajo de fiscalización, y por eso es que estamos añadiendo más presupuesto en la partida de nómina para nosotros poder estar preparados en el Departamento para hacer la fiscalización como se debe”, puntualizó el secretario.
Reducir la burocracia en la tramitación de solicitudes es otra necesidad del DDEC, pues Negrón aseguró que no es favorable promocionar a Puerto Rico como un destino para hacer negocios con una acumulación o “backlog” de sobre 4,500 decretos pendientes de recibir una aprobación o negación.
El titular aseguró que estas peticiones también corresponden a las áreas de manufactura doméstica, exportación, turismo, inclusive, jóvenes empresarios en espera de una respuesta en su aplicación. Un reporte evaluado por la agencia en el 2024 reflejó que el retorno de inversión en la manufactura extranjera como resultado de los incentivos de la Ley 60 es de 45 por ciento.
Otro de los proyectos programáticos del DDEC durante el año fiscal 2025-2026 es simplificar la Reforma de Permisos y el retorno de sectores críticos de manufactura estadounidense a Puerto Rico, un concepto llamado “reshoring”. Negrón explicó que esta última política es de “vital importancia” para la actual administración, por lo que se creó el “Reshoring Task Force” a través de la Orden Ejecutiva 2025-012.
Mientras tanto, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, informó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó un presupuesto para el 2025-2026 de $10.8 millones con cargo al Fondo General, una varianza de $52.7 millones en la cantidad que inicialmente solicitó el organismo.
El licenciado indicó que requirió un presupuesto $63.6 millones para contemplar los ajustes realizados durante el pasado año fiscal y el presente que están relacionados con solicitudes de revisión de casos del Civil Service Reform y, por lo tanto, la cantidad sugerida por la JSF no será suficiente para cubrir el gasto de nómina actual.
Desglosó que también se solicitaron fondos requeridos para continuar con los planes de ordenación territorial, la cantidad restante de pareo de fondos federales y asumir costos operacionales ante la posibilidad de que una subvención para el programa Post-Disaster Code Enforcement termine en octubre de 2025.
Además, Morales cuestionó que la JSF no ha incluido en los pasados años fiscales el acceso a sobre $1 millón en recaudos por multas administrativas, a pesar de que la ley orgánica establece que este importe ingresará al Fondo Especial de la Junta de Planificación.
“Si yo no tengo ese fondo, pierdo inspectores y pierdo abogados. Entonces, va a pasar lo que pasó cuando era ARPE (Administración de Reglamentos y Permisos) y OGPe: se va a congestionar, vamos a tener muchas reclamaciones y poco personal para atender esa área que es importante”, manifestó.
Comparece componente turístico
La Comisión de Hacienda también recibió las solicitudes presupuestarias de la Compañía de Turismo y la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, esta última entidad actualmente adscrita al DDEC.
El director ejecutivo interino de Turismo, Jorge Pérez, peticionó $13 millones adicionales que ascenderán el presupuesto de la corporación pública a $163.7 millones para el siguiente año fiscal.
El funcionario precisó que este aumento en la partida de gastos operacionales responde a la necesidad de “reforzar áreas estratégicas esenciales para el desarrollo y posicionamiento del sector turístico de Puerto Rico”. Mencionó los costos relacionados a las aportaciones hechas a Discover Puerto Rico, así como en acuerdos cooperativos con agencias gubernamentales, líneas aéreas y cruceros.
A su vez, comentó los gastos incurridos en los auspicios a eventos mayores y los incentivos otorgados tanto a pequeñas hospederías, como a barcos cruceros.
“El dinero utilizado para apoyar, respaldar y auspiciar eventos no lo vemos como gastos de la Compañía de Turismo, sino como una inversión en el sector. Por eso es importante tener los recursos necesarios para mantener la industria del turismo en nuestra isla”, sostuvo Pérez.
Por su parte, el director interino de la Autoridad, Gabriel Hernández, presentó una petición presupuestaria de $8.5 millones, un monto que representa un aumento de sobre $4 millones respecto al presupuesto recomendado por la JSF.
El ingeniero indicó durante la audiencia pública que al momento de la preparación del presupuesto se había contemplado la posibilidad de una extensión de fondos federales o la aprobación de una nueva subvención para sufragar parte de las necesidades de nómina y gastos operacionales.
Sin embargo, durante una visita oficial el pasado febrero, la Oficina de Cooperación Local de Defensa y Comunidad informó que no se otorgarán fondos federales adicionales.
“Ante este escenario, se hace un llamado formal a la evaluación y reconsideración del presupuesto asignado a la agencia, ya que la eliminación de fondos federales previstos agrava la necesidad de recursos para continuar con las operaciones críticas y los servicios a la comunidad”, aseveró Hernández.
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