La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó hoy el proceso de evaluación del presupuesto consolidado del Gobierno para el año fiscal 2025-2026, que asciende a $32,591 millones.
En esta segunda vista pública se recibió el insumo de la Junta de Planificación (JP) y la Oficina del Contralor Electoral (OCE), quienes presentaron informes de gastos y sus respectivas proyecciones y necesidades presupuestarias para el próximo año fiscal.
En primera instancia, el contralor electoral Walter Vélez Martínez, en su comparecencia expresó que la aprobación del presupuesto solicitado le permitirá a la OCE continuar con su misión de fiscalizar el financiamiento político en Puerto Rico, promover la transparencia y garantizar la equidad en los procesos electorales. Vélez Martínez destacó que, durante el 2024, la OCE evaluó más de 15.000 solicitudes de autorización de anuncios gubernamentales, sin recurrir a contrataciones externas y con recursos limitados.
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La OCE solicitó una asignación total de $3,375,000, lo que representa un aumento de $463,000 respecto al año anterior. Este aumento responde principalmente a la necesidad de atender áreas críticas como nómina, servicios profesionales, tecnología, mantenimiento de servicios en línea y adquisición de equipos. De esta cantidad, $2,691,000 se destinarán a cubrir la nómina de 47 plazas, incluyendo auditores, abogados y personal administrativo. La solicitud no contempla el impacto presupuestario del nuevo plan de clasificación y retribución que aún está bajo evaluación.
“Sabemos que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que se encuentra en plena discusión de nuestro presupuesto y el Plan de Clasificación y Retribución , pero eso no nos va a detener a nosotros de hacer nuestro trabajo”, expresó la senadora Padilla Alvelo.
Por otro lado, en el renglón de servicios profesionales, la OCE solicitó $250,000 , un aumento significativo frente a los $18,000 asignados previamente , para poder cumplir con funciones esenciales que incluyen servicios legales, emplazamientos, campañas informativas y monitoreo de prensa. Se subrayó que esta partida es vital para “ fortalecer la digitalización y la interacción con la ciudadanía, en cumplimiento con la política pública del gobierno ”, sentenció Vélez Martínez.
En su ponencia, también detalló una cantidad de $210,000 para implementar mejoras tecnológicas que permitan la automatización de procesos, control de multas y optimización de informes financieros. Además , se contempla una asignación de $61,000 para la compra de equipos, como computadoras y software, necesarios para mejorar el manejo de la información. Esta cantidad sustituye una partida previamente considerada para la compra de un vehículo, ya cubierta por el presupuesto vigente aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.
A preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre la posibilidad de disminuir gastos operacionales de arrendamientos en oficinas e infraestructura y de tener un espacio físico en la oficina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el declarante explicó que “ ese edificio donde está la CEE, es de Edificios Públicos, que tiene un arrendamiento un poco más caro que el de la Junta de Retiro”. Del mismo modo, sentenció que, al ser una oficina fiscalizadora, no quiere vincularse a la CEE que por su naturaleza realiza trabajos políticos.
Por otro lado, ante la preocupación del senador José Luis Dalmau Santiago sobre las deudas por cobrar en la OCE, el declarante comenzó que luego de las auditorías, actualmente queda una cantidad que asciende a los $701,000 a raíz de multas hacia candidatos que aún no han pagado ni establecido un plan de pago.
Finalmente, Vélez Martínez reiteró que las asignaciones solicitadas son prudentes y razonables, ajustadas a sus funciones constitucionales y operativas. De igual forma, adelantó que, luego de un análisis de gastos, proyectaría una baja cercana a $200,000 al total. Esto representaría un aproximado de $2,900,000 para el presupuesto proyectado por la OCE.
Por su parte, el presidente de la Junta de Planificación (JP), licenciado Héctor Morales Martínez, presentó su análisis del desempeño económico de Puerto Rico en el año fiscal 2024 y sus proyecciones económicas para los años fiscales 2025 y 2026. Morales Martínez, se centró en evidenciar el crecimiento económico registrado durante el año fiscal en curso, destacando un aumento del 2.1% en el Producto Bruto (PB) a precios constantes y un crecimiento de 6.3% en el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes.
Para formular sus proyecciones, la JP utilizó el Modelo Econométrico Dinámico de Puerto Rico, validado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual considera variables como el comportamiento económico estadounidense, precios del petróleo, inversión en construcción, exportaciones y cambios poblacionales. Morales Martínez explicó que, este modelo permite anticipar escenarios económicos, con estimaciones de crecimiento para el 2025 entre -1.0% y 3.2% y para 2026 entre -0.4% y 1.6%, dependiendo de las condiciones globales y locales.
En base a sus recomendaciones presupuestarias, solicitó un presupuesto total de $63,678,000 del Fondo General para el año fiscal 2025-2026. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2025, que fue de $18,773,000 , debido a la necesidad de atender gastos operacionales y nómina no contemplados inicialmente, según lo explicó el presidente de la JP. Lo que representaría un incremento total de $44,905,000.
En nómina, se propone una asignación de $17,892,000, casi $11 millones más que la base para el 2026, con el fin de mantener los puestos existentes y crear nuevas plazas que permitan cumplir con las funciones ministeriales y programáticas de la agencia. Por su parte, los gastos operacionales pasarían de $5,085,000 aprobados en el año fiscal vigente a $40,000,000 solicitados, reflejando un aumento de cerca de $35 millones. Este aumento está enfocado en sostener y ampliar proyectos estratégicos en digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad.
Morales Martínez destacó que también administra Múltiples fondos federales, destacándose el “Post-Disaster Code Enforcement Hazard Mitigation Grant Program”, financiado por FEMA, que vence en octubre de 2025. La JP sometió una solicitud de extensión por 30 meses adicionales, pero aún no ha recibido respuesta. Ante esto, se solicitó una partida para cubrir el costo de nómina de los empleados vinculados al programa en caso de que no se apruebe la extensión.
A preguntas de la senadora Padilla Alvelo, el presidente de la JP detalló que desde 2019 la Junta ha recaudado más de $1,033,887 en multas administrativas, que por ley deben alimentar su fondo especial, pero a los cuales no ha tenido acceso por determinación de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta situación ha limitado la disponibilidad de fondos para financiar sus operaciones según dispone la Ley 161-2009.
Del mismo modo, explicó que no cuenta con un programa de mejoras permanentes ni asignaciones especiales vigentes, pero ha mantenido proyectos gracias a fondos legislativos recurrentes, incluyendo $1 millón anual para la publicación de cuentas nacionales y matrices económicas por distrito senatorial.
A su vez, el ponente subrayó que los factores internacionales, como posibles cambios en la política económica de Estados Unidos, tensiones geopolíticas, precios del petróleo y decisiones monetarias, podrían alterar las proyecciones actuales. También destacó el impacto potencial del “Reshoring” promovido por la Orden Ejecutiva 2025-012 de la gobernadora Jennifer González, que busca agilizar los procesos de permisos y atraer inversión local e internacional, que “podría aminorar los efectos negativos que podríamos sentir en nuestra economía”, añadió.
“La JP estará preparada para revisar y ajustar las proyecciones económicas monitoreando la información recibida de los indicadores económicos disponibles… La certeza de las proyecciones económicas es función del movimiento prospectivo de los factores exógenos subyacentes como fundamento de estos. De manera que toda proyección económica tiene que estar sujeta a evaluación y revisión constante a tono con los cambios que ocurrirán en estos factores”, destacó Morales Martínez.
