El representante Ángel Morey Noble rechazó las expresiones recientes de la directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Annette Martínez Orabona, relacionadas al Proyecto de la Cámara 139, medida que propone enmendar la Ley 107-2020 (Código Municipal) para ampliar y uniformar los poderes y protecciones de los policías municipales en Puerto Rico.
Morey Noble afirmó que el proyecto no tiene como propósito convertir a las policías municipales en extensiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como alegó la directora de la organización, sino fortalecer las capacidades operacionales de los cuerpos municipales para atender emergencias, combatir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones.
“Esta legislación nace de la realidad diaria que viven nuestros municipios. Las policías municipales son quienes responden primero en muchas comunidades, pero no cuentan con las mismas herramientas, protecciones ni beneficios que otros cuerpos de seguridad. Este proyecto busca corregir eso, dignificarlos y permitir que hagan su trabajo de forma más eficiente y justa”, puntualizó el legislador.
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El Proyecto de la Cámara 139 que, además de Morey Noble la representante Swanney Vargas Laureano es coautora, permitiría a las policías municipales investigar y procesar delitos graves y menores graves bajo leyes estatales y especiales relacionadas a la seguridad pública, establecer unidades especializadas mediante acuerdos con el Negociado de la Policía, acceder a los mismos beneficios contributivos, educativos y laborales de la Ley de Seguridad Pública, entre otros mecanismos para el beneficio de los agentes.
Ante la preocupación de la ACLU sobre que la abre legislación la puerta a que policías municipales realicen tareas migratorias, Morey Noble enfatizó que “este proyecto no autoriza ni propone ni fomenta que la policía municipal actúe como agente de inmigración. Eso es una interpretación incorrecta. Lo que sí hace es establecer que, si un municipio desea colaborar con agencias federales para combatir los delitos, pueda hacerlo dentro de su marco legal y con plena rendición de cuentas.
La medida también reconoce formalmente a los policías municipales como agentes del orden público, otorgándoles rango legal y protecciones similares a los oficiales del Estado. Morey Noble indicó que este reconocimiento es urgente, especialmente en momentos donde los municipios enfrentan retos de seguridad con personal limitado.
“Decir que estamos armando a los municipios para perseguir inmigrantes es desinformar. Lo que estamos haciendo es proteger a quienes nos protegen. Esta es una medida de equidad, de orden y de responsabilidad con la seguridad pública”, agregó.
La medida fue aprobada hoy en sesión ordinaria con 42 votos a favor y 4 votos en contra.
