La Comisión de Salud del Senado investiga la práctica ilegal de la dermatología en Puerto Rico

La Comisión de Salud del Senado, bajo la presidencia del senador Juan Oscar Morales, llevó a cabo hoy su cuarta vista pública para examinar a fondo la Resolución del Senado 107. Esta resolución busca investigar la política pública y la implementación de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, en Puerto Rico.

En esta ocasión, la Comisión se centró en la alarmante situación de la práctica ilegal o no autorizada de la dermatología en la isla. Se abordaron los graves efectos que esta práctica tiene sobre la salud pública, la promoción de individuos y entidades que se presentan falsamente como profesionales de la dermatología sin la debida educación y credenciales, y las acciones que el Gobierno de Puerto Rico ha tomado para mitigar esta problemática.

El senador Morales subrayó la crucial importancia de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones en la práctica de la dermatología en Puerto Rico. “Incumplir con estas leyes y regulaciones pone en riesgo la vida de nuestros ciudadanos”, afirmó el senador, enfatizando la necesidad de proteger a la población de procedimientos realizados por personas no cualificadas.

La investigación de la Comisión de Salud del Senado busca, entre otras cosas, aclarar la responsabilidad para realizar las investigaciones sobre los establecimientos y profesionales que realizan la práctica médica de la dermatología sin los debidos licenciamientos que establecen las leyes.

El Departamento de Estado está facultado bajo la Ley 431-1950 para administrar el proceso de licenciamiento, reglamentación y supervisión de los profesionales que ejercen como especialistas en belleza. Sin embargo, no tiene jurisdicción sobre la práctica médica de la dermatología, dado que esta no se encuentra comprendida dentro de las funciones que realiza un especialista de belleza.

La dermatología constituye una especialidad médica que forma parte integral del ejercicio de la medicina. Por lo tanto, su reglamentación, fiscalización y licenciamiento no recaen bajo la Ley 431-1950. En cambio, la Ley 139-2008 dispone que la facultad para fiscalizar y sancionar el ejercicio ilegal o no autorizado de la medicina, incluyendo la dermatología, corresponde al Departamento de Salud y a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Durante la vista pública, surgió la alarmante posibilidad de que, al momento, la profesión de “esteticista” no requiera ninguna licencia para ejercer en Puerto Rico.

El Departamento de Justicia aclaró que interviene cuando el Departamento de Salud o la Junta de Licenciamiento solicita, por iniciativa propia o en virtud de una querella o denuncia debidamente fundamentada, que se investigue la identidad de cualquier persona que pretenda ser, se anuncie o se haga pasar como médico u osteopata o como especialista en cualquier rama de la medicina, como sería el caso de la práctica ilegal o no autorizada de la dermatología en Puerto Rico.

El presidente de la Comisión de Salud adelantó que emitirá un informe parcial, con el cual referirá al Departamento de Justicia los hallazgos y evidencias presentadas a la Comisión para que se inicie una investigación cuanto antes. “Más allá de reconocer el problema, tenemos que intervenir. Estamos ante una situación crítica que pone en riesgo la vida humana”, resaltó el senador Juan Oscar Morales.

Por su parte, la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico resaltó que cada día son más los pacientes que acuden a los consultorios médicos dermatológicos con un problema de salud causado por la práctica ilegal o no autorizada de la dermatología y la administración de medicamentos no aprobados por la FDA. Hicieron un llamado a atender esta situación, que consideran una crisis de salud pública.

La Comisión de Salud del Senado continuará sus esfuerzos para garantizar que los servicios de salud en Puerto Rico se presten con la más alta calidad y seguridad para todos los ciudadanos. Instamos a la ciudadanía a verificar siempre las credenciales de los profesionales de la salud antes de someterse a cualquier procedimiento.