El representante del Distrito 26 (Barranquitas, Coamo, Corozal, Orocovis y Villalba) y también presidente de la Comisión de Recreación y Deportes en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Josean Jiménez, convocó a vista pública para analizar, a profundidad, el Proyecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Número 1158 (‘Ley para la Protección y Acompañamiento de Menores en Eventos Deportivos’), de la autoría de Estrella Martínez Soto y coautoría de la vicepresidenta de la Cámara Baja, Yashira Lebrón Rodríguez.
La vista del Proyecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Número 1158, que se llevó a cabo en el Salón de Audiencias Número 2 (Santiago Polando Abreu), contó con la presencia del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico (DRD), Departamento de Justicia (DJ) y Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP), que expusieron los puntos sobre la mencionada medida legislativa.
La pieza, de acuerdo con el documento radicado, “persigue establecer un derecho estatutario, de acceso gratuito, para un adulto responsable por cada menor de edad participante en todo evento deportivo celebrado en instalaciones deportivas gubernamentales de Puerto Rico”.
“Su finalidad es eliminar la barrera económica que supone el pago de admisión para el padre, madre, tutor o custodio, garantizar supervisión directa durante la actividad y asegurar también la capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia médica o disciplinaria”, expuso.
De no cumplirse con la Ley, habrá multa administrativa, no menos de $500 ni mayor de $1,000, por infracción y/o revocación o suspensión del permiso de uso de la instalación pública.
El DRD endosa el Proyecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Número 1158, con recomendación de enmienda, al amparo de la doctrina ‘parens patriae’.
Advierte que su mayor preocupación es que el promotor, al perder el ingreso de la taquilla, simplemente lo transfiera al costo de inscripción del atleta. Ante esto, recomienda enmiendas de fiscalización tarifaria.
De otro lado, el DJ, representado por la secretaria, la licenciada Lourdes Gómez Torres, reconoció “la intención legislativa como meritoria, además comparte comentarios técnicos”.
De otra parte, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP), representada por Emma Sulsona Gándara, presidenta, y Wanda Ayala Torres, directora ejecutiva, presentaron reservas constitucionales.
“Recomendamos que el DJ evalúe la medida y que se soliciten comentarios a las agencias pertinentes”, sostuvieron.
La AEP sostuvo que “ningún reglamento o política pública debería intervenir en la determinación de los precios de entrada de los torneos, eventos deportivos o espectáculos públicos en Puerto Rico”.
“Los organizadores podrían verse obligados a ajustar su estructura de costos para compensar la pérdida de ingresos por concepto del derecho de admisión del adulto acompañante”, añadió.
