El alcalde de Guánica, Ismael ‘Titi’ Rodriguez Ramos reaccionó al más reciente informe de la Oficina del Contralor. “Nuestra administración siempre ha respondido a los señalamientos de manera responsable y seria. Para efectos de información a la ciudadanía. Este informe de la Oficina de la Contralora es el tercer y último informe de auditoría sobre el Municipio de Guánica para el período del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023. La opinión emitida fue cualificada, es decir, en términos generales encontraron cumplimiento, excepto por un hallazgo específico”, detalló el alcalde.
Resumen del Hallazgo: La auditoría identificó dos situaciones relacionadas con licencias acumuladas de empleados y funcionarios municipales. (1) Pagos indebidos por $66,879 por liquidación de licencias de enfermedad a: exalcalde: $20,790, un exfuncionario: $7,475 y diez y seis (16) exempleados: $38,614. Dichos pagos se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, aunque la Ordenanza 33 de 2017 disponía que al cesar en funciones solo procedía el pago de vacaciones acumuladas y no de enfermedad. La propia auditoría reconoce que el exalcalde Santos Seda Nazario devolvió voluntariamente los $20,790 al Municipio el 24 de noviembre de 2025.
Con relación a la acumulación incorrecta de vacaciones, la Contralora encontró que a cinco funcionarios se les acumuló licencia de vacaciones a razón de 1.25 días por mes cuando la Ley 176-2019 ya había restablecido la acumulación de 2.5 días por mes a partir del 16 de diciembre de 2019. Rodríguez Ramos indicó que los pagos de licencia por enfermedad se realizaron conforme al Código Municipal (Ley 107-2020), que permite el pago de licencia por enfermedad acumulada bajo ciertas circunstancias. Además, señaló que la situación proviene de la administración anterior y que la administración actual realiza correctamente la acumulación de vacaciones. Sin embargo, la Contralora concluyó que el señalamiento prevalece porque el Municipio había adoptado voluntariamente la Ley 26-2017 mediante la Ordenanza 33, la cual limitaba esos beneficios.
Sobre las recomendaciones principales, la Contralora recomendó evaluar acciones de recobro por $46,089, luego de descontar los $20,790 ya devueltos por el exalcalde, así como corregir los balances de vacaciones acumuladas de los empleados afectados. De igual manera, fortalecer la supervisión de Recursos Humanos, Finanzas y los procesos de preintervención.
“Hay un aspecto importante para destacar públicamente. Aunque el informe señala que los pagos fueron realizados entre 2021 y 2023, la propia auditoría indica que los pagos corresponden a personas que cesaron funciones entre 2019 y 2022, y reconoce expresamente que el señalamiento principal sobre la liquidación de enfermedad incluye al exalcalde y a personal de administraciones anteriores. Además, el exalcalde devolvió íntegramente el dinero recibido. En términos prácticos, el informe no señala malversación, fraude ni apropiación ilegal de fondos; se trata de una controversia sobre la interpretación y aplicación de disposiciones relacionadas con licencias acumuladas y su liquidación al momento de la separación del servicio”, finalizó Rodríguez Ramos.
