La representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Swanny Enit Vargas Laureano, radicó hoy la Resolución de la Cámara 769, para ordenar una investigación legislativa sobre el contrato de generación temporera de 400 megavatios (MW) en la Central Aguirre de Salinas, adjudicado al consorcio liderado por la empresa Power Expectations, con un valor máximo estimado de aproximadamente $5,800 millones.
La medida surge luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informara, mediante carta del pasado 7 de agosto, que evalúa revocar su aprobación del contrato y referir el caso a las autoridades pertinentes, tras la denuncia de la empresa Enchanted Rock (ERock) de que su nombre y la firma de uno de sus ejecutivos fueron utilizados sin autorización durante el proceso de contratación.
“Estamos ante señalamientos gravísimos que, de confirmarse, configurarían un esquema de fraude en la contratación pública de una magnitud sin precedentes. El pueblo de Puerto Rico, que sufre apagones a diario y paga una de las facturas de luz más caras de los Estados Unidos, merece saber quién ignoró las advertencias de los propios analistas del Gobierno y quién tiene que responder por este desastre en esta contratación”, expresó Vargas Laureano.
La legisladora recordó que un análisis de la propia Oficina de Compras por Terceros (3PPO) de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, concluyó desde agosto de 2025 que Power Expectations no presentó evidencia adecuada de capacidad financiera, y que la JSF señaló que la empresa obtuvo la puntuación más baja entre los proponentes. Además, durante el proceso de solicitud de propuestas se introdujeron “términos no negociables” que solo esa empresa podía cumplir, excluyendo alternativas más económicas y limpias.
“A dos meses de firmado el contrato, no se ha presentado la fianza de $1,180 millones y la empresa que le daba credibilidad técnica al consorcio abandonó el proyecto a los dos días de la firma. Esto era un contrato de emergencia para evitar apagones y lo que tenemos es un expediente de incumplimientos y alegaciones de fraude. La Cámara no puede cruzarse de brazos y debe investigar de inmediato”, añadió la representante popular.
La Resolución ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía investigar, entre otros asuntos, las alegaciones de uso no autorizado del nombre y la firma de Enchanted Rock, las irregularidades en el proceso, el incumplimiento de los términos contractuales, la sustitución de Enchanted Rock por Flotek Industries y el impacto fiscal y tarifario del contrato sobre los abonados. La Comisión deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones, incluyendo posibles referidos a las autoridades estatales y federales.
