Secretario de Salud aseguró que no han recibido señalamientos para devolución de fondos
La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, que dirige el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, llevó a cabo la tercera vista pública mediante las Resoluciones del Senado 429 y 487, dirigidas a evaluar la administración de fondos federales que recibe Puerto Rico, incluyendo programas como el Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) y Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
“Esta comisión pudiera ser de mucha utilidad para hacer una radiografía completa del gobierno, de dónde estamos, qué necesitan las agencias. Tenemos más o menos una idea de por dónde es que van los fondos federales, pero no tenemos el detalle. Por lo tanto, estamos haciendo una radiografía donde podamos entregar un informe a la Asamblea Legislativa sobre dónde están los fondos federales, dónde está el performance por agencia, qué necesitamos hacer para ayudar a que ese desempeño suba, si hace falta legislación, si tenemos que mirar y flexibilizar alguna de las normas a nivel estatal para que esa burocracia no sea impedimento de lo que debe ser el uso pleno de los fondos”, expresó Ríos.
A la audiencia compareció a deponer el secretario del Departamento de Salud (DS), doctor Víctor Ramos Otero, acompañado de Héctor Stewart Torres, quien está a cargo del área de fondos federales. El secretario sostuvo que “como resultado directo de esta ejecutoria fiscal, el DS no ha recibido requerimientos, avisos ni señalamientos dirigidos a la devolución de fondos asignados en ninguna de las categorías o programas bajo su jurisdicción”.
Ramos explicó que durante el transcurso de los pasados cuatro años, el Departamento ha logrado desembolsar y obligar consistentemente entre un 90% y un 94% del total de las asignaciones de fondos recibidas del Gobierno Federal. “Este nivel de ejecución sobrepasa el umbral del 90% requerido por los estándares y métricas del Gobierno Federal para otorgar una calificación satisfactoria”, añadió.
Asimismo, el secretario sostuvo que, según los datos recopilados a junio del 2026, el DS consigna una disminución en la recepción de fondos de los programas WIC y CHIP (Children’s Health Insurance Program). “Esto es atribuible al descenso en la natalidad. En cuanto al programa de VIH, el Departamento identificó y subsanó las deficiencias administrativas previamente identificadas”.
Ríos preguntó sobre las 165 subvenciones federales activas en el DS. Ramos respondió que son de distintos programas y vencen en diversas fechas. “Depende de los distintos grants y siempre buscamos nuevas oportunidades. Por ejemplo para un hospital de enfermedades infecciosas, también para pagos de préstamos estudiantiles, entre otras”.
Igualmente, el presidente de la Comisión cuestionó cómo están las métricas de cumplimiento. Stewart quien dirige el área de fondos federales del DS explicó que el manejo de los fondos federales se divide entre las áreas programáticas y la oficina encargada de la supervisión y cumplimiento de los fondos recibidos. Esta última mantiene un monitoreo constante y prepara informes mensuales sobre el estado de los fondos activos del Departamento. Abundó que la agencia ha logrado mantener un nivel de gasto y obligación superior al 90% de los fondos federales otorgados durante los últimos cuatro años, cifra que, según el deponente, se encuentra por encima del promedio.
En un turno, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó si la ciudadanía tiene alternativas si no cualifica para cierta asistencia en específico en términos de ayudas de programas federales. El secretario mencionó que sí. Indicó que tienen una oficina de asistencia que lo canaliza pero siguiendo los lineamientos indicados por los programas federales. De igual manera, Padilla preguntó cómo se establece el pareo de fondos. Ramos indicó que se muestra en el presupuesto de la agencia y la mayoría de los grants de la agencia tienen pareos.
Por su parte, la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, preguntó qué visión tiene el DS para permitir que se puedan facturar los servicios gratuitos que brindan en el Hospital Psiquiátrico para poder generar ingresos. Ramos explicó que su operación presenta particularidades y retos distintos a los de otros hospitales. Entre los principales desafíos se destacó la permanencia de pacientes que ya cuentan con alta médica, pero que no pueden ser trasladados debido a la falta de alternativas adecuadas para su ubicación. Asimismo, hizo referencia a los esfuerzos dirigidos a fortalecer la institución y al proceso relacionado con su acreditación por parte de The Joint Commission que ayudará para facturar los procesos de personas que tienen plan médico.
De otra parte, en representación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), participaron la administradora, doctora Catherine Oliver Franco; el doctor Luis A. Pedraza y el licenciado Hernán Vélez. Oliver mencionó que la agencia opera con una estructura presupuestaria que integra recursos estatales y federales. Para el periodo correspondiente al AF 2025-2026, la Agencia cuenta con un presupuesto consolidado de $216,890,089. El mismo está conformado por $150,972,000 del fondo general y de $65,918,089 de fondos federales.
A su vez, Pedraza explicó que la antigua Oficina de Planificación fue reestructurada para constituir la actual Oficina de Programas Federales y Planificación. EL deponente señaló que esta reorganización permitió fortalecer la capacidad institucional para la identificación, obtención, administración y cumplimiento con requerimientos de los fondos federales.
“Como indicador principal de la efectividad de estos controles, cabe destacar que, durante los últimos cinco años, las auditorías externas conducidas por el estatuto 2 CFR 200, no han identificado señalamientos relacionados con la administración de estos fondos. Tener un historial impecable en las auditorías externas (conocidas como Single Audits) durante cinco años consecutivos es un logro extraordinario y reflejo de un sistema de administración de recursos públicos bien coordinado e integrado”, abundó Oliver.
Igualmente, la administradora recomendó fortalecer la capacidad del gobierno para identificar, obtener y administrar fondos federales mediante una estructura especializada y permanente. Planteó que la gestión de estos recursos debe estar a cargo de personal con conocimientos técnicos sobre reglamentación federal, preparación de propuestas, manejo de datos, asignación de costos, informes y procesos de adquisición.
