Sobre 40 científicos advierten que el P. de la C. 1079, el P. de la C. 1213 y el Sustitutivo del Senado a los P. del S. 1173 y 1183 debilitan la protección del karso y de los sistemas naturales que sostienen el agua potable de Puerto Rico
Ciudadanos del Karso (CDK) entregó hoy a la Legislatura una petición firmada por 8,774 personas que reclama a la representante Elinette González Aguayo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, que convoque vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1079, la medida que enmienda la Ley 292-1999 para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico. A la fecha, la Comisión no ha calendarizado ninguna vista pública.
El reclamo ciudadano coincide con el de la comunidad científica. Más de cuarenta científicos, investigadores y profesores universitarios reunidos el 31 de julio y el 1 de agosto en San Germán suscribieron una declaración y una resolución en las que expresan su oposición, en sus formas actuales, a tres medidas que se discuten simultáneamente: el P. de la C. 1079, el P. de la C. 1213 y el Sustitutivo del Senado a los P. del S. 1173 y 1183. Entre los firmantes hay ecólogos, geofísicos, oceanógrafos, limnólogos, botánicos, agrónomos y planificadores vinculados a universidades y centros de investigación del país, incluido el ecólogo Ariel E. Lugo. Los científicos sostienen que las tres medidas, en conjunto, reducen los controles preventivos del sistema de planificación y permisos, y piden a la Asamblea Legislativa:
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No aprobar las medidas hasta que se celebre un proceso amplio, transparente e interdisciplinario basado en la mejor evidencia científica disponible.
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Publicar toda versión, borrador, enmienda, entirillado e informe con tiempo razonable para su evaluación pública antes de cualquier votación.
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Celebrar vistas públicas adicionales sobre los textos finales o sustitutivos, con participación de científicos, planificadores, comunidades, municipios y personas directamente afectadas.
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Rechazar la desafectación predio por predio de terrenos en reservas, humedales, zonas costeras, áreas de recarga y sistemas kársticos, por ser incompatible con el funcionamiento integral de los sistemas naturales.
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Mantener como previas y vinculantes las determinaciones técnicas del DRNA y de las demás agencias científicas cuando exista riesgo de daño grave o irreversible.
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Retirar o revisar sustancialmente el P. de la C. 1079, para evitar el debilitamiento de la política pública de protección de la fisiografía kárstica.
La entrega coincide con el reinicio de los trabajos legislativos y con el racionamiento de agua potable más severo que el país ha enfrentado en décadas. La zona kárstica del norte es el sistema natural que filtra, almacena y recarga el agua subterránea de la que dependen cientos de miles de puertorriqueños, incluidas las comunidades de Vega Alta, Vega Baja y Dorado —el Distrito 11, que la propia presidenta de la Comisión representa— cuyos pozos se alimentan del acuífero de la caliza del norte.
“La representante González Aguayo no tiene que ir lejos para entender lo que está en juego: el agua de sus vecinos sale del karso”, expresó Abel Vale Nieves, presidente de Ciudadanos del Karso. “Estas 8,774 firmas no son un número. Son 8,774 personas pidiendo algo mínimo en una democracia: que se abra el micrófono antes de tomar una decisión de esta magnitud. Negar la vista pública es decirle al país que su agua se discute a puerta cerrada”, agregó.
El P. de la C. 1079: qué cambia
Según el análisis de CDK, el proyecto introduce cambios que en conjunto desmantelan el marco de protección del karso:
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Sustituye la política pública de conservar por la de aprovechar. El Artículo 2 de la Ley 292-1999 establece hoy el deber de proteger, conservar y manejar el karso. El proyecto cambia esa función por la de aprovecharlo.
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Elimina el reconocimiento de que el karso es irreemplazable. La ley vigente declara que los procesos kársticos, una vez interrumpidos, no pueden restaurarse. Al borrar ese lenguaje desaparece el fundamento científico que sostiene los niveles más exigentes de protección.
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Redefine el karso como fuente de materia prima para el desarrollo económico, lo que genera un conflicto con la propia ley de conservación.
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Traslada funciones clave del DRNA a la Junta de Planificación, una agencia cuyo mandato institucional no es conservar el recurso hídrico.
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Prohíbe usar la conservación como razón para limitar el desarrollo, lo que restringe la capacidad del Estado para denegar permisos que amenacen acuíferos, zonas de recarga y sumideros críticos para el abastecimiento.
Las otras dos medidas: efecto sobre el mismo sistema
El P. de la C. 1213 y el Sustitutivo del Senado a los P. del S. 1173 y 1183 no enmiendan expresamente la Ley 292-1999, pero según la resolución científica pueden afectar su implantación y la efectividad del Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso. Amplían el uso de certificaciones privadas, determinaciones ministeriales y trámites automáticos; sustituyen evaluación preventiva por fiscalización posterior; establecen mecanismos para revisar y ajustar delimitaciones y geodatos de áreas protegidas; y enmiendan la Ley 111-1985 para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros, trasladando funciones del DRNA a la estructura central de permisos.
Los científicos advierten que la fiscalización posterior no sustituye la evaluación preventiva cuando una actividad puede destruir una cueva, rellenar un sumidero o contaminar un acuífero, y que ningún geodato o delimitación cartográfica debe prevalecer sobre la evidencia científica que demuestre la existencia y las funciones de un sistema natural. La organización habilitó la página www.cdk-pr.org/defiende_el_
El P. de la C. 1079 fue radicado por el representante Johnny Méndez Núñez. Ciudadanos del Karso solicitó formalmente que se calendaricen vistas públicas antes de que la medida continúe su trámite legislativo, y exhortó a la ciudadanía a comunicarse con sus representantes a través de www.cdk-pr.org/defiende_el_
