El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Arroyo, Joe Torres, cuestionó la aprobación de la Ordenanza Núm. 1, Serie 2026-2027, mediante la cual la Legislatura Municipal autorizó al alcalde Eric E. Bachier Román a otorgar, sin subasta pública, un contrato de arrendamiento sobre el Centro de Convenciones de Arroyo a favor de Stryker Inc.
La medida fue aprobada por la Legislatura Municipal el 13 de agosto de 2026, con ocho votos a favor, tres en contra y un legislador ausente. Posteriormente, fue firmada por el alcalde el 14 de agosto de 2026.
“Esto ya no es una propuesta ni una posibilidad. La ordenanza fue aprobada y firmada, autorizando el arrendamiento de una propiedad municipal sin subasta pública. Una decisión de esta magnitud, que involucra un bien que le pertenece al pueblo de Arroyo, exige total transparencia y una fiscalización rigurosa”, expresó Torres.
Según la ordenanza, el contrato tendrá una duración inicial de un año, renovable por años subsiguientes, con un canon de arrendamiento de $20,000 mensuales.
Torres reiteró que su posición no es contra Stryker ni contra la creación de empleos y el desarrollo económico en Arroyo. Explicó que su oposición está dirigida a que una instalación municipal concebida para el uso y disfrute de la ciudadanía pase a ser utilizada para operaciones privadas mediante un arrendamiento autorizado sin subasta pública.
“Queremos que Stryker permanezca y continúe generando inversión, crecimiento y empleos en Arroyo. Sin embargo, el desarrollo económico no puede utilizarse como justificación para privar a nuestra gente de sus espacios públicos. El Centro de Convenciones es patrimonio del pueblo, fue construido para servirle a nuestra comunidad y debe continuar cumpliendo ese propósito”, afirmó.
El presidente municipal del PNP también cuestionó que se haya prescindido de un proceso competitivo que permitiera conocer si existían otras alternativas para la propiedad. Además, reclamó transparencia sobre los criterios utilizados para determinar que el arrendamiento representa el mejor interés del Municipio.
“¿Por qué se descartó una subasta pública? ¿Qué alternativas se evaluaron antes de comprometer el Centro de Convenciones para una operación privada? ¿Cómo se determinó que este arrendamiento representa el mejor interés del Municipio y de sus ciudadanos? Son preguntas legítimas que la administración municipal tiene la obligación de contestar con claridad”, sostuvo Torres.
Asimismo, reconoció a los tres legisladores municipales que votaron en contra de la ordenanza y destacó la importancia de que existan voces dispuestas a cuestionar decisiones que afectan los bienes municipales.
“Este reclamo no está dirigido contra una empresa ni contra la creación de empleos. Se trata de defender un principio fundamental: los bienes públicos pertenecen al pueblo y toda decisión relacionada con ellos debe tomarse con apertura, transparencia y rendición de cuentas. Arroyo necesita desarrollo económico, pero también necesita proteger los espacios que sirven a su gente”, señaló.
Torres aseguró que continuará fiscalizando el proceso y las condiciones relacionadas con el arrendamiento.
“La ordenanza ya fue aprobada y firmada; ahora corresponde fiscalizar cada etapa del proceso y exigir que se divulguen claramente sus términos y condiciones. Apoyamos la inversión y la creación de empleos, pero rechazamos que el Centro de Convenciones sea destinado a una operación privada mediante un arrendamiento autorizado sin subasta pública. Ese espacio le pertenece al pueblo de Arroyo y nuestra responsabilidad es defenderlo”, concluyó Torres.
