Puerto Rico no puede crear más tierra. Y cada terreno agrícola que se pierde reduce las posibilidades futuras de producir alimentos localmente.
Ante esa realidad, una iniciativa dedicada a fortalecer la protección de las tierras agrícolas en Puerto Rico fue seleccionada por Southern Sustainable Agriculture Research and Education (Southern SARE) para recibir $99,999 en fondos.
El proyecto, Building Capacity for Farmland Protection for Sustainable Food Systems in Puerto Rico, está liderado por la Dra. Carol Ramos-Gerena, de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, y contará con la colaboración del Instituto para la Agroecología de Puerto Rico (IALA-PR). Durante los próximos dos años, la iniciativa busca fortalecer los conocimientos de educadores y extensionistas para que puedan comprender, utilizar y enseñar herramientas de planificación territorial y de protección de tierras en Puerto Rico.
El proyecto educará sobre las herramientas de protección de tierras agrícolas existentes y sus limitaciones, a la vez que reconoce que una política pública o un plan puede establecer protecciones sobre el papel, pero son las personas informadas quienes pueden hacerlas valer en el territorio.
“No hay ningún plan que se cumpla a menos que haya gente que lo haga válido y lo haga cumplir”, explicó Ramos-Gerena. “El documento en sí no va a proteger nuestro país. Se tiene que traducir a personas que conocen, que saben, que cuestionan, que educan”.
El proyecto contempla cuatro adiestramientos regionales y proyecta alcanzar a alrededor de 100 participantes, principalmente profesionales de la extensión agrícola y educadores en agroecología. La intención es que las herramientas adquiridas no se queden con quienes reciben el taller, sino que lleguen posteriormente a agricultores y agricultoras en distintas comunidades del país.
Además de los encuentros presenciales, se desarrollarán materiales educativos, presentaciones y toolkits que las personas participantes podrán utilizar en sus propios procesos de educación. Uno de los adiestramientos será grabado y convertido en un recurso virtual para ampliar su alcance más allá de las personas que participen presencialmente.
El proyecto también medirá cambios en el conocimiento, las actitudes y la disposición para utilizar las herramientas, e incluirá una evaluación seis meses después de los talleres para conocer cómo han sido incorporadas al trabajo con agricultores.
Uno de sus componentes será la educación sobre los fideicomisos de tierras como herramienta para proteger los terrenos agrícolas a largo plazo. En ese esfuerzo, IALA-PR aportará la experiencia acumulada en sus procesos para facilitar el acceso a tierras a agricultores y agricultoras de pequeña y mediana escala y para avanzar en mecanismos que permitan mantenerlas destinadas a la agricultura.
“Desde IALA-PR hemos aprendido que facilitar el acceso a tierra es solo una parte del trabajo. También tenemos que construir las condiciones para que esas tierras permanezcan en manos de quienes las trabajan y continúen dedicadas a producir alimentos”, expresó Katia Avilés Vázquez, directora ejecutiva de IALA-PR y codirectora del proyecto.
“Esta iniciativa nos permite compartir aprendizajes, fortalecer capacidades y ampliar las herramientas disponibles para proteger la tierra agrícola de Puerto Rico para las próximas generaciones”, añadió Avilés Vázquez.
La iniciativa también busca ampliar una conversación necesaria sobre cómo Puerto Rico identifica y valora sus tierras agrícolas.
Ramos-Gerena plantea que no basta con saber cuántas cuerdas de terreno agrícola hay. Para planificar un sistema alimentario a largo plazo, hay que preguntarse qué alimentos queremos producir, qué condiciones requieren esos cultivos y dónde se encuentran suelos con las características necesarias para producirlos.
“No podemos decir que, simplemente porque tenemos tanta cantidad de suelos agrícolas, estamos cubiertos para todas nuestras necesidades nutricionales”, sostuvo Ramos-Gerena.
Hay que clasificar y tener en cuenta el tipo de suelo, el pH, la lluvia, la temperatura y otras características, ya que pueden determinar la capacidad de un terreno para determinados cultivos. Una finca en la montaña, por ejemplo, no debe considerarse menos valiosa para la agricultura únicamente porque no pueda mecanizarse de la misma manera que un terreno llano. La discusión, según Ramos-Gerena, debe partir también de los cultivos de importancia productiva, alimentaria y cultural para Puerto Rico.
La investigación de Ramos-Gerena ha examinado, mediante análisis geoespacial, cómo distintas políticas públicas pueden coincidir o entrar en conflicto en un mismo terreno.
Su análisis identificó 30,860 acres de reservas agrícolas potencialmente vulnerables debido a la superposición de políticas públicas con efectos contradictorios. Al examinar terrenos clasificados como Prime Farmland, el modelo identificó 326,619 acres potencialmente en riesgo de ser convertidos a usos no agrícolas. Ramos-Gerena reconoce las limitaciones inherentes al modelo, pero explica que el ejercicio permite visualizar las contradicciones que pueden existir entre políticas destinadas a proteger terrenos y otras que permiten usos distintos.
La consecuencia de perder tierra agrícola, advierte, puede ser permanente. Una vez que un terreno productivo es urbanizado y cubierto con cemento o asfalto, es muy poco probable que vuelva a utilizarse para la producción de alimentos.
Por eso, para Ramos-Gerena y Avilés, proteger la tierra no es una discusión exclusiva del sector agrícola. Está directamente relacionada con la capacidad del país para decidir qué se produce, dónde se produce y qué recursos deja disponibles para las próximas generaciones.
Ramos-Gerena lo resume desde una responsabilidad compartida:
“Todos tenemos una responsabilidad, porque comemos todos los días y porque vivimos en este país. Si seguimos perdiendo tierras agrícolas, limitaremos nuestra capacidad de producir nuestros alimentos”.
