A solicitud de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado que investiga la expansión del vertedero de Carolina, las empresas Hacienda Campo Rico y Caribbean Golf Academy radicaron un memorial con la evidencia que expone que el director de la División de Permisos de la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Pedro Guevara, indujo a error a los senadores sobre puntos críticos del proceso.
El ingeniero Luis Rivera Ortiz, presidente de ambas compañías, indicó que durante el proceso de vistas públicas Guevarra ha declarado múltiples incongruencias, datos erróneos y no ha presentado evidencia documental que sostengan sus expresiones en defensa de la expansión y la operación del vertedero mediante la renovación del permiso.
Dijo que las inconsistencias del funcionario son graves y evidentes dado que en ocasiones declara que el relleno no se ha expandido más allá de la huella permitida y en otras plantea que lo ha hecho sobre unas cinco cuerdas previamente impactadas por lo que fue una supuesta cantera que no ha existido en la Zona de Amortiguamiento. También ha minimizado la contaminación con lixiviados pese a que no hay prueba clave de monitoreos periódicos y ni siquiera de la inspección recurrente del vertedero por los empleados del DRNA, ello aún cuando hay constancia de varios episodios de contaminación.
“Los testimonios vertidos por algunos funcionarios del DRNA no se ajustan al trámite e historia del vertedero de Carolina”, expresó Rivera Ortiz en el memorial de 28 páginas que detalla todo el tracto histórico del vertedero y la cuestionable expansión de la celda C hacia la Zona de Amortiguamiento de 35 cuerdas que no debía impactarse por ser un terreno de alto valor ecológico del Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones y protegido por la Ley del Carso y otras leyes sobre recursos naturales e históricos.
Rivera Ortiz explicó que contrario a la defensa que ha hecho Guevara en el Senado, no es posible extender la huella del vertedero de Carolina mediante un mecanismo de renovación como se ha pretendido porque, de acuerdo a la reglamentación existente, esa acción tendría que hacerse en un proceso que incluya una Declaración de Impacto Ambiental.
No hay evidencia de los límites de la extensión del vertedero
“Las agencias del Gobierno y el Municipio de Carolina no han realizado pruebas confiables como mensuras para corroborar que la huella del vertedero se ajusta a lo permitido”, puntualizó el ingeniero, contrario a expresiones de Guevarra que asegura que no se han extralimitado a base de unas fotos aéreas que no han sido suplidas a la Comisión. Señaló que en el proceso que lleva en los tribunales se ha constatado que ni siquiera hay mensuras. En el memorial citó declaraciones bajo juramento del 13 de mayo de 2024 de la directora del Departamento de Asuntos Ambientales del Municipio a los efectos de que “el Municipio de Carolina no tiene conocimiento de que exista algún documento que contenga los límites, puntos o colindancias de la Celda C como parte del proceso del permiso de uso de la Celda C. De igual manera, a raíz del proceso judicial en curso, el 14 de mayo de 2024 el presidente de Landfill Gas Technologies, LLC declaró que la empresa “no conoce ni produjo plano o documento alguno con las coordenadas de la Celda C”.
Afirmó que los planos de construcción radicados ante las agencias tampoco contienen mensuras y que el Memorial Explicativo del DRNA de 9 de julio de 2025 lo confirma: “el DRNA le ha requerido al municipio de Carolina hacer los estudios de título y mensuras correspondientes para definir claramente los lindes de la instalación”. Aunque esos estudios aparentemente están en proceso, nunca los han presentado, resaltó Rivera Ortiz.
El ingeniero mencionó que hay tres datos sobre la expansión del vertedero que no cuadran porque hay planteamientos de que esta abarca cinco, diez y 7.65 cuerdas. También, el funcionario del DRNA ha dado tres respuestas distintas sobre el término de tiempo autorizado para la operación del vertedero. “Las tres (respuestas) son incompatibles entre sí, y se dieron en aproximadamente noventa segundos de testimonio”, destacó.
Sobre el planteamiento de que la expropiada franja para la Zona de Amortiguamiento no es parte de los requerimientos de la agencia, Rivera Ortiz señaló “que la agencia no exigiera adquirir la franja y que lo que ocurra en ella le sea ajeno es una total abdicación de las obligaciones asignadas por ley al DRNA y a sus funcionarios”. Recalcó que es una zona ecológicamente sensitiva.
No hay evidencia de inspecciones recurrentes
Rivera Ortiz esbozó que aunque funcionarios del DRNA han dicho que se hacen inspecciones trimestrales solo constan ante el Senado cuatro. “Debe requerirse la producción a la Comisión del registro completo de inspecciones de 2019 en adelante”, aseveró.
Sobre la contaminación, expuso ‘hay evidencia, incluso de las agencias del Gobierno, del derrame de lixiviados en el vertedero del Municipio de Carolina”. Además, planteó la deficiencia en el proceso de muestreo de las aguas subterráneas que son requeridas, ya que “el expediente contiene un solo evento de muestreo: abril de 2022, cuatro pozos, con arsénico en CW-3 y su duplicado en 0.0220 y 0.0216 mg/L”. Aseveró que no aparece en el expediente un segundo evento de junio de 2022… ni evento alguno de 2018 a 2021, 2023, 2024 o 2025; ninguno posterior a los escapes de lixiviado de junio de 2024. Tampoco obra resultado alguno de muestreo de lixiviados”.
El empresario manifestó que las incongruencias del DRNA sobre la protección del carso de Puerto Rico son evidentes. “Tan reciente como este año, a una persona en el barrio Eneas de San Sebastián el DRNA le prohibió la construcción de su casa por estar en zona cárstica y lo mismo en otro caso en Cabo Rojo, pero para el Municipio de Carolina, que se está expandiendo ilegalmente en el carso, hay todas las justificaciones y consideraciones”, denunció.
El presidente de la Hacienda Campo Rico y de la Caribbean Golf Academy ha reiterado que no se opone a la operación del vertedero siempre que cumpla con las leyes y reglamentos, pero sí objeta la expansión a la Zona de Amortiguamiento como pretende el Municipio por su alto valor ecológico y porque afecta su negocio ecoturístico.
