El Departamento de Justicia (DJ), en alianza con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), inauguró una academia especializada dirigida a fiscales, cuyo objetivo es reforzar el procesamiento de conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas, como parte de los esfuerzos de prevención de fatalidades en las carreteras.
La iniciativa responde a la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón y de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien resaltó la importancia de uniformar y fortalecer la manera en que se atienden estos casos.
“Tenemos el firme compromiso de prevenir tragedias en las carreteras. La Academia está diseñada para robustecer el procesamiento penal y enviar un mensaje claro de disuasión contra esta conducta que pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos”, expresó Gómez Torres.
El director ejecutivo de la CST, José González Mercado, destacó que el programa es posible gracias a una enmienda al acuerdo con Justicia, que asigna $1,964,666.75 provenientes de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Estos fondos permiten ofrecer adiestramientos especializados, adquirir equipos y modernizar las metodologías para litigar casos de embriaguez.
“La conducción bajo los efectos de alcohol o drogas sigue siendo una amenaza grave para la seguridad vial. Este esfuerzo conjunto asegura que cada fiscal cuente con las herramientas necesarias para procesar de manera efectiva a los infractores y proteger la vida de nuestros ciudadanos”, afirmó González Mercado.
La Academia Especializada para el Procesamiento Efectivo de Conductores Ebrios es coordinada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, bajo la dirección de la fiscal Joan Hernández Marrero, en colaboración con la Unidad Especializada de Procesamiento de Conductores Ebrios del DJ, liderada por la fiscal Ruth Enid González Candelaria.
El adiestramiento incluye ejercicios prácticos que replican situaciones reales, con el fin de preparar a los fiscales en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta el juicio en su fondo. Además, se busca promover un enfoque sensible y empático hacia víctimas y testigos de estos delitos.
“La conducción bajo los efectos de alcohol y sustancias controladas representa una seria amenaza para la vida y seguridad de nuestros ciudadanos. Esta administración está comprometida con dar a los fiscales las herramientas necesarias para atender con firmeza y sensibilidad este tipo de delitos. Lo hacemos por las víctimas, sus familias y por el bienestar colectivo”, concluyó la secretaria de Justicia
