En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo avaló dos medidas del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, en temas jurídicos dirigidas a actualizar leyes relacionadas al uso de la pirotecnia y de menores para que estén atemperadas al Código Penal de Puerto Rico garantizando mayor coherencia, certeza y uniformidad en la aplicación de las penas.
Una de las medidas es el Proyecto del Senado 36, para enmendar la “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico”. A los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”. La medida ajusta las penas según la cantidad de material incautado. Con 10 unidades o menos: delito menos grave, multa mínima $500. Más de 10 unidades: delito grave, pena fija de 3 años y multa mínima de $5,000.
“La Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico”, aún no ha sido atemperada con el nuevo sistema de penas establecido en el Código Penal de 2012. Esta omisión crea un vacío legal que dificulta la aplicación uniforme de las penas, lo que podría generar resultados inconsistentes en algunos casos”, cita la exposición de motivos.
En iguales términos, fue aprobado el Proyecto del Senado 38, que busca enmendar la “Ley de Menores de Puerto Rico”. Esto a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”.
En un turno, el senador de mayoría Ángel Toledo López, y presidente de la Comisión de lo Jurídico que trabajó el proyecto, expresó apoyo a la medida. “Hay una realidad y es que independientemente de la edad, nuestra sociedad está harta del delito. Harta de que sigamos condonando acciones que van en contra del ciudadano que se levanta, que trabaja, que atiende a su familia. Este proyecto, si lo miramos en su justa perspectiva lo que hace es atemperar la ley de menores al Código Penal de Puerto Rico y no hace nada más. Este proyecto lo que hace es agarrar el lenguaje que existe en el Código Penal, que aprobó una legislatura como esta, y atemperar esta ley de menores a lo que ese Código establece. Eso y nada más”.
De igual forma, mostró su apoyo el portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario. “Estoy a favor de la medida. Esta medida lo que hace es atemperar la Ley con el Código Penal. Pero cuando escucho a los compañeros y más aún cuando hay un proyecto de ley a veces uno dice, vamos a orientar a las personas que vengan en contra de un proyecto de ley. Tienen que decir cuáles son las alternativas”.
La medida, entre otros, redefine la categoría de “Faltas Clase III”, incluyendo delitos graves como homicidio, agresión sexual, robo, secuestro, incendio agravado, incesto, sodomía, apropiación ilegal de vehículos, entre otros. Además, se ajusta la jurisdicción del Tribunal de Menores y los criterios para que un caso pase a ser procesado como adulto; y establece una lista detallada de delitos que procura al Procurador de Menores a promover la solicitud de renuncia de jurisdicción luego del debido proceso establecido.
A la vez, fue aprobado en su reconsideración el Proyecto del Senado 583 del senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos. La medida busca enmendar la “Ley para el Establecimiento de un Sistema de Manejo Multisectorial, Uniforme y Coordinado de Accidentes Cerebrovasculares (“Stroke”) en Puerto Rico”. A los fines de optimizar el Registro Estatal de Accidentes Cerebrovasculares de Puerto Rico, establecer la obligación de los médicos especializados a notificar trimestralmente los casos diagnosticados, detallar el contenido y uso de los informes, establecer penalidades por incumplimiento.
De otro lado, se le dio paso a la Resolución del Senado 274, del senador independiente Eliezer Molina Pérez, para investigar el acceso público al Río Mameyes, ubicado en el Barrio Barcelona, carretera PR-191 interior, PR-993 en el municipio de Río Grande. A los fines de definir las delimitaciones de dicha carretera estatal que sirve de servidumbre pública para garantizar los derechos de la ciudadanía sobre los bienes de dominio público del río y su ribera; los efectos de las estructuras situadas en los bienes públicos y otros fines relacionados.
“Esta medida va dirigida a un lugar en específico donde Puerto Rico tiene una carretera estatal, que es la 990, y de pronto, por orden divina, se cerró la carretera estatal y se le ha cerrado el paso a la comunidad y a las personas. La comunidad se acerca a nosotros, nos hablan sobre lo que está sucediendo y nosotros entonces obtenemos un documento del Departamento de Transportación y Obras Públicas donde certifica que la carretera tiene 800 metros. De pronto, la Autoridad de Carretera, ante esto, saca un documento medio nebuloso donde dice que son 400 metros. Han desaparecido 400 metros de una carretera estatal”, dijo Molina.
Alto Cuerpo avala nombramientos
De otra parte, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz, recomendó la confirmación de cuatro nombramientos designados por el Ejecutivo. Fue confirmada la doctora Keren Riquelme Cabrera como Directora Ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario.
“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial personal y profesional de la nominada, con una experiencia en labor de voluntariado de aproximadamente 35 años demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la labor comunitaria en Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la designada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico”, cita el informe positivo de la comisión sobre la nominada.
A su vez, fue confirmado Roberto Lefranc Fortuño como Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial. En un turno, Rivera Schatz se expresó a favor del designado. “La trayectoria de Lefranc desde joven estudiante, luego como delegado congresional y antes de eso como legislador municipal en la ciudad de Guaynabo y más recientemente como director de ODSEC, demuestra que tiene la capacidad, el compromiso y particularmente la pasión por servirle a la gente. Lefranc Fortuño es una buena persona que viene a servirle a todos los puertorriqueños sin ninguna distinción”.
También, habló a favor el vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago. “Lefranc Fortuño es un joven honesto y capaz que realmente hay que darle la oportunidad para que eche para adelante, ya basta de los discursos de estar diciendo vamos a darle un break a la juventud, vamos a abrirle paso a la juventud, pero cuando la juventud quiere participar le decimos que no y el argumento no puede ser afiliación política”. Asimismo, se expresó la senadora de mayoría Brenda Pérez Soto. “Estoy bien orgullosa y bien contenta porque Lefranc es el ejemplo vivo de que la juventud puertorriqueña no está perdida. Y qué mejor trayectoria donde acaba de salir, que se enrolló las mangas y no estuvo en la oficina como ejecutivo, estuvo en la calle y puso a desarrollar todos esos centros con fondos federales”.
Además, confirmaron a José A. Martínez Martínez como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del interés público comprometido con las artes, diseño o educación; y miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A su vez, se le dio paso al licenciado Rafael E. López Soler como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en calidad de abogado; y el licenciado Javier Bayón Torres como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en calidad especialista en cualquiera de los campos relacionados con las funciones delegadas a la AAA.
Igualmente, fueron confirmados el ingeniero Iván E. López Báez como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en calidad de ingeniero autorizado a ejercer la profesión de la ingeniería en Puerto Rico; y el licenciado Ernesto Cabrera Lorenzo como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia, en ascenso.
