La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado, presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad, celebró hoy una vista pública sobre la Resolución del Senado Núm. 112, que ordena realizar un estudio de los efectos de la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”.
A una década de su aprobación, la Comisión busca examinar si la política pública ha cumplido sus propósitos ambientales y de reciclaje, así como evaluar el impacto económico para los consumidores y el sector comercial. “Tras diez años de la Ley 247-2015, tenemos el deber de examinar con seriedad si la política pública ha producido los efectos esperados. Estas ponencias nos permiten ver el cuadro completo: la protección del ambiente, el peso económico en los consumidores y la viabilidad para los comerciantes. Nuestro compromiso es identificar enmiendas o nuevas estrategias que logren un balance justo y efectivo para Puerto Rico”, destacó la senadora por el Distrito de San Juan, Moran Trinidad.
Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, resaltó que la implementación de la Ley 247 ha representado una carga económica significativa para los consumidores, quienes ahora deben pagar por bolsas reusables o alternativas. “El sacrificio se ha trasladado al consumidor sin que se garantice la efectividad ecológica que justificó la medida”, expresó. DACO también advirtió que muchos comercios sustituyeron las bolsas desechables por opciones más gruesas y duraderas que, si no se manejan adecuadamente, pueden resultar igual o más dañinas para el ambiente. “Si la intención no se puede cumplir, pues entonces dejemos de pasarle estos costos al consumidor”, manifestó la secretaria.
Asimismo, el representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Antonio Ríos, subrayó que, aunque se ha logrado reducir el uso de bolsas plásticas desechables, persisten retos de degradabilidad y quejas ciudadanas por los costos adicionales. Recordó que el Gobierno aprobó recientemente una moratoria al uso de plásticos de un solo uso hasta 2026, lo que demuestra la necesidad de actualizar el marco regulatorio. “A diez años de su aprobación, es meritorio evaluar la Ley 247-2015 para lograr un equilibrio adecuado entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica de los sectores productivos”, afirmó.
El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) reconoció la importancia de promover el uso de bolsas reusables, pero de igual forma reconocen que el fin que busca la Ley 247 es proteger el medio ambiente, en gran parte dependerá de que contemos en Puerto Rico con plantas de reciclaje ya sea para bolsas plásticas, de papel u otros materiales reciclables que aquí se generen. A tales efectos recomendaron que se “ausculte y se de entera deferencia a los comentarios y recomendaciones del DRNA y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) sobre si en efecto el cambio de bolsa plástica a bolsa de papel es un paso hacia el camino correcto”, puntualizaron.
Mientras tanto, en representación de miles de pequeños y medianos comerciantes, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Ramón Barquín, sometió por escrito su ponencia donde hizo hincapié en que, aunque la intención de la ley es loable, la mera prohibición no resuelve la falta de cultura de reciclaje en la isla. Propuso la inclusión de bolsas biodegradables como alternativa ecoamigable y más accesible para consumidores y comercios. Además, urgió eliminar disposiciones que han resultado inoperantes, como la exigencia de contenedores de reciclaje en los establecimientos, que terminan siendo utilizados como zafacones. “El verdadero cambio debe estar en fomentar una cultura de reciclaje y en programas municipales efectivos, no en imponer cargas ineficaces al comercio”, señaló.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Lcdo. Manuel Reyes, presentó datos que reflejan el éxito de la ley en reducir el consumo de bolsas plásticas en supermercados de la isla. Según informó, entre 2015 y 2021 la reducción alcanzó un 81%, equivalente a 475 millones de bolsas menos en el mercado; en algunas cadenas, la baja llegó al 98%. Reyes rechazó que se intente obligar a los comercios a regalar bolsas, advirtiendo que sería inconstitucional y trasladaría el costo al consumidor responsable que sí reutiliza. “La Ley 247 funcionó; el verdadero problema es la falta de infraestructura de reciclaje del Gobierno. Los recaudos del IVU por la venta de bolsas deberían destinarse a programas educativos y de reciclaje”, puntualizó.
Finalmente, la organización sin fines de lucro CAMBIO PR sostuvo que, “debilitar la Ley 247-2015 sería un retroceso en salud pública y justicia ambiental. La evidencia demuestra una disminución sostenida de bolsas plásticas en nuestras costas desde 2016; lo responsable ahora es fortalecer la ley y seguir avanzando hacia una economía verdaderamente circular”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO.
Por su parte, la senadora Nitza Moran catalogó como un acto de desinformación atribuir a la ley la reducción de bolsas plásticas. “No es la medida por sí misma la que ha provocado un cambio, sino el disuasivo del costo que finalmente absorbieron los consumidores y comerciantes. Esa es la realidad que debemos evaluar con responsabilidad”, manifestó.
