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Cámara de Representantes impulsa investigación para proteger los derechos de adultos mayores en condominios

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Con el firme propósito de salvaguardar los derechos de los adultos mayores y garantizar la calidad de vida de quienes residen en condominios en Puerto Rico, el representante Ricardo “Chino” Rey Ocasio Ramos celebró una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 267. La audiencia legislativa sirvió de espacio para escuchar testimonios de residentes que han enfrentado situaciones de abuso administrativo y falta de transparencia en la gestión de las Juntas de Directores de sus condominios.

La Resolución, referida a la Comisión de Asuntos Internos, ordena a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar una investigación sobre el cumplimiento de los deberes legales y administrativos en los condominios. El estudio abarcará el manejo de cuotas y derramas, la utilización de fondos de seguros, el acceso a información financiera y la participación efectiva de los adultos mayores en los procesos de toma de decisiones.

“Hemos sido enfáticos en atender situaciones de gran preocupación para nuestros adultos mayores y su bienestar ha sido una prioridad. Bajo esta Resolución proponemos que la ley esté a favor de esta población, quienes, en muchas ocasiones, pasan su vida adulta lejos o sin comunicación con hijos o familiares, por lo que no tienen las herramientas para exigir información importante de los procesos y decisiones que se toman en sus condominios. Además, muchos de ellos viven con ingresos fijos y merecen la certeza de que las juntas administradoras de sus comunidades manejen con transparencia los fondos y garanticen procesos justos. Esta investigación busca reforzar esa fiscalización con las agencias pertinentes y asegurar que se protejan sus derechos en todo momento”, expresó el representante por el Distrito 2 de San Juan.

La Resolución también contempla una evaluación de la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), agencia con jurisdicción sobre controversias relacionadas con la Ley de Condominios. El análisis examinará la efectividad de los protocolos disponibles y la suficiencia de los mecanismos para atender adecuadamente las reclamaciones de los residentes.

Durante la vista que se celebró, una residente del condominio Torre de San Miguel en Guaynabo denunció maltrato psicológico por parte de la Junta tras presentar una querella en DACO. por lo que vio, aumentos en los costos de permisos, mantenimientos y otros.

“Este tema de los abusos administrativos y financieros en los condominios es hora de que le pongan un alto. Estamos cansados de vivir molestos, siendo abusados de nuestros derechos en nuestra propia casa. Y por tal razón, y con mucho respeto le solicito a ustedes-honorables miembros de la Cámara de Representantes, como a los del Senado de Puerto Rico- que nos concedan vivir en derecho, justicia y paz, para entonces poder vivir en sana convivencia”, sostuvo.

Asimismo, representantes de la nueva Junta de Directores del Condominio Madrid Plaza denunciaron presuntas irregularidades administrativas, incluyendo cuentas inexistentes, reservas cerradas, pagos a contratistas por trabajos incompletos y deficiencias de infraestructura que ponen en riesgo a la comunidad.

Por otro lado, durante otra de las ponencias presentadas en la vista pública, un residente del Condominio Los Corales en Carolina denunció la falta de transparencia en las decisiones de la administración, así como la ausencia de información en asuntos de gran importancia para la convivencia.

“Necesitamos una evaluación exhaustiva e impulsar la creación de protocolos que garanticen que las comunidades y estos condominios donde residen una alta población de personas mayores de 60 años, no se queden sin servicios básicos por algún tipo de negligencia administrativa”, añadió Ocasio Ramos.

Finalmente, el legislador destacó la importancia de atender con urgencia la situación.

“Es nuestro deber como legisladores velar por una convivencia sana y segura en nuestras comunidades. Con esta medida reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por una política pública que responda a las necesidades de los adultos mayores y que fortalezca la transparencia en la administración de condominios”, concluyó.

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