La Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) denunció hoy, nuevamente, un esquema de irregularidades en los procesos de la Comisión de Juegos de Puerto Rico que mantienen en jaque a cientos de pequeños y medianos comerciantes en todo el país, a quienes se han dejado al margen en el negocio de juegos de azar, mientras se favorece a grandes intereses multinacionales.
“El país no puede seguir tolerando que la Comisión de Juegos, bajo la dirección de Juan Carlos Santaella Marchán, siga con actuaciones altamente cuestionables y concediendo burdamente privilegios a grandes operadores que adeudan más de $10 millones desde 2021, mientras persigue con redadas y multas a comerciantes locales que llevan tiempo reclamando procesos claros y justos para poder cumplir con la ley”, señaló el licenciado Michael Corona, representante legal de UNOMAR. “La ley es clara: quien debe, no puede renovar. Sin embargo, aquí se renuevan licencias sin pagar, sin inspecciones y bajo reglamentos inválidos. Eso es corrupción institucionalizada”, añadió el letrado.
UNOMAR, que representa a un grupo de operadores de máquinas en ruta, aseguró que, además de renovar licencias a operadores que mantienen deudas millonarias con el Estado, la Comisión ha emitido marbetes a máquinas de juegos sin la debida inspección, sustituidos por simples “comprobantes de pago”, en abierta violación a la ley. De igual forma, denunciaron la transferencia ilegal de licencias, acción prohibida expresamente por la normativa vigente y un esquema de tráfico de influencias y cabildeo a favor del llamado “grupo de los 100”, compuesto, en su mayoría, por corporaciones creadas tras las enmiendas a la mencionada ley en el 2019. Muchas de estas corporaciones, aseguran, no tienen un historial ni legitimidad en la industria de juegos de azar.
El grupo afirmó que, mientras todas estas acciones irregulares siguen ocurriendo, a pequeños y medianos comerciantes que, históricamente han operado cumpliendo con el marco de la ley y regulatorio del Departamento de Hacienda, no les permiten renovar sus licencias y continuar de manera bonafide en la industria de juegos de azar. Al no poder renovar sus licencias, estos son víctimas de redadas y multas impartidas por la Comisión y han enfrentado pérdidas de ingresos y empleos. La mayoría de estos operadores bonafides mantienen sus máquinas en colmados, cafeterías y chinchorros que dependen de estas máquinas para subsistir, por lo que estos negocios también se han visto afectados con las actuaciones nefastas de la Comisión.
Gilberto Narváez, presidente de UNOMAR, reiteró que sus denuncias van más allá de un asunto de máquinas de juegos, se trata de un reclamo de transparencia y justicia económica para comerciantes locales que buscan cumplir con la ley y aportar al fondo del retiro de la Policía, que se beneficia de los recaudos de la industria de máquinas al azar.
“Nuestra lucha no es por evadir responsabilidades, sino por cumplir y aportar más que nunca. Sin embargo, la Comisión nos cierra las puertas mientras regala privilegios a un grupo selecto y a multinacionales, que ni siquiera sus ingresos se quedan en la isla. Somos comerciantes locales que queremos operar bajo reglas claras y justas para todos. Cumplir es nuestro compromiso. Justicia es nuestro reclamo”, añadió Narváez.
Finalmente, Oscar Morales, otro de los representantes de UNOMAR, dijo que es tiempo ya de que la Comisión de Juegos rinda cuentas con total transparencia al pueblo de Puerto Rico, por lo que solicitaron una investigación legislativa y gubernamental inmediata sobre los procesos de la entidad. A su vez, emplazó a la administración actual a detener los favoritismos y a garantizar reglas claras y justas para todos. “Queremos cumplir, queremos aportar al retiro de la Policía y estamos listos para hacerlo. Pero la transparencia no puede seguir siendo una promesa vacía: es la única garantía de justicia para los comerciantes locales que históricamente han aportado al desarrollo económico del país”, concluyó Morales.
