El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, anunció que la organización que agrupa a los ejecutivos municipales novoprogresistas presentará hoy ante el Senado nueve proyectos de ley dirigidos a atender asuntos administrativos, fiscales y de desarrollo local en los 78 municipios de la isla.
En conferencia de prensa, el alcalde de Camuy explicó que las medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la sostenibilidad económica de los gobiernos municipales, al tiempo que promueven mayor eficiencia, autonomía y transparencia.
“Desde que comenzó esta sesión legislativa, hemos estado trabajando para mejorar la administración municipal y buscar alternativas ante el impacto fiscal que sufren los municipios. No podemos seguir desangrando a los gobiernos municipales; cada dólar que pierden representa un servicio menos para un niño, un anciano o una persona con discapacidad. Estas nueve medidas que presentamos son soluciones que podrían representar fondos adicionales para los municipios”, puntualizó el líder de los alcaldes federados.
“Los municipios transfieren más de $450 millones al gobierno central, incluyendo aportaciones a ASES, al PayGo y otras instrumentalidades, y no podemos permitir que, mientras se aprueban leyes de alivio contributivo, se vacíen las arcas municipales sin ofrecer una compensación justa. Queremos proteger los recursos y servicios de los 78 municipios por el bienestar de la ciudadanía”, agregó.
Uno de los proyectos más relevantes propone congelar la aportación al Fondo de Redención del 1.03%, mecanismo mediante el cual 11 centavos de cada dólar que recauda el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se destinan al pago de la deuda del gobierno central. Tras la aprobación de la Ley 78-2025, que eliminó el impuesto al inventario sobre medicamentos recetados, los municipios enfrentan una merma de ingresos de más de $21 millones anuales. La medida busca fijar una aportación de $126.7 millones, lo que representaría un ahorro de $7.9 millones para los municipios, fondos que serían distribuidos conforme a la Ley 53-2021 para apoyar sus finanzas operacionales.
Otra propuesta enmendará el Código Municipal de Puerto Rico para que el CRIM sea responsable de cobrar la patente municipal por servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico. En la actualidad, esos ingresos son administrados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), sin fiscalización municipal. La medida permitiría que los municipios reciban directamente los recaudos, lo que representaría ingresos recurrentes estimados en $1.1 millones anuales.
Una resolución conjunta adicional propone distribuir $2.4 millones de fondos acumulados por concepto de patentes de telecomunicaciones entre los años fiscales 2020 y 2025. Esos fondos, estableció Hernández Rodríguez, permanecen sin utilizar en la OGP y podrían beneficiar a municipios con limitaciones presupuestarias, como Ceiba, Comerío, Florida, Maunabo, Las Marías y Patillas, para garantizar la prestación de servicios básicos.
Otra pieza legislativa busca facultar a los municipios a recoger y disponer de neumáticos desechados directamente desde las gomeras, permitiéndoles cobrar por ese servicio.
El objetivo es evitar acumulaciones que representen un riesgo de salud pública, como ocurrió en 2021, y garantizar que los municipios puedan recibir el pago por los trabajos de recolección y transporte conforme a las tarifas de la Junta de Calidad Ambiental y el Negociado de Transportación.
La federación también propuso una enmienda a la Ley de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para excluir a los municipios del pago doble de aportaciones patronales por empleados que deciden acogerse al Plan Vital en lugar del plan médico municipal.
Por otra parte, otra de las medidas presentadas modifica el Código Municipal para reconocer formalmente al comisionado de la Policía Municipal como funcionario del orden público, lo que le permitirá realizar intervenciones y acciones directas como agente de ley y orden. Además, crea el cargo de subcomisionado o comisionado asociado en las policías municipales, mecanismo que fortalecería su estructura jerárquica y capacidad operativa.
La séptima medida establece la creación de un registro obligatorio de licitadores para toda empresa o individuo que desee participar en subastas informales municipales. El registro deberá anunciarse públicamente en un medio de circulación general para garantizar transparencia y equidad en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte de los municipios.
Una amplia revisión técnica al Código Municipal de 2020, con el propósito de simplificar procesos internos, eliminar redundancias y promover la autonomía administrativa de los municipios fue otra de las propuestas presentadas a la legislatura. La medida busca que los gobiernos locales puedan ejecutar sus funciones con mayor agilidad y cumplir de forma más efectiva con la política pública de descentralización.
Al final, el alcalde presentó una enmienda a la Ley de Máquinas de Juegos de Azar de 1933 para establecer que el CRIM sea el receptor de todos los ingresos provenientes de esas licencias. Los fondos se distribuirán entre los municipios de acuerdo con la Ley 53-2021, para garantizar una administración uniforme y transparente de esos ingresos.
