El representante y presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, evaluó ayer en vista pública el Proyecto del Senado 521 de la senadora Karen Román Rodríguez, que enmienda la Ley 238-2004, “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, para garantizar a esta población el derecho a solicitar órdenes de protección ante situaciones de maltrato, negligencia, explotación o abuso, al igual que las víctimas amparadas bajo otras leyes protectoras.
La medida establece un proceso judicial ágil y accesible que permitirá a las personas con impedimentos —aquellos que presentan limitaciones cognitivas, sensoriales, físicas o cualquier otro impedimento cubierto por la Ley Federal 106— o a sus representantes, acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar protección inmediata ante actos de violencia física o psicológica, coacción, intimidación, abuso sexual o explotación financiera. Asimismo, tipifica nuevos delitos y fija penalidades de hasta cinco años de reclusión por violaciones a las órdenes de protección o por actos de maltrato agravado. La ley también contempla la creación de formularios simplificados, la notificación inmediata a la Policía de Puerto Rico y la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y funcionarios públicos sobre atención y derechos de las personas con diversidad funcional.
“Esta medida reconoce que las personas con impedimentos tienen derecho no solo a la igualdad ante la ley, sino también a la protección efectiva del Estado cuando su dignidad o seguridad se ven amenazadas. Con este paso, enfatizamos en ese deber de crear mecanismos que funcionen y sean accesibles, para que nadie se sienta desamparado frente a situaciones de maltrato o abuso”, indicó Ocasio Ramos.
Cabe destacar que el P. del S. 521 integra nuevas definiciones, establece procedimientos procesales claros para la radicación de solicitudes de protección, fija penalidades por incumplimiento y asegura la capacitación de los componentes del sistema de justicia y de agencias públicas en trato digno, derechos y accesibilidad.
La medida contó con el respaldo de las agencias citadas, reconociendo la necesidad de mecanismos claros para su implementación. Entre ellas, el Departamento de Justicia (DJ) presentó observaciones puntuales sobre la importancia de establecer un protocolo de coordinación entre las agencias concernidas. “En ese sentido, recomendamos que se evalúe la inclusión en la medida de un mecanismo interagencial similar que garantice la atención y protección continua de las personas con impedimentos o diversidad funcional en los casos en que su cuidador principal sea separado de su entorno por motivo de una orden de protección”, expresó mediante ponencia la subsecretaria de la agencia, Annette Esteves Serrano.
De igual manera, aunque el Poder Judicial —representado por la licenciada Danira Muñiz Flores, de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)— reconoció la importancia del Proyecto del Senado 521, coincidió en que se debe considerar lo planteado por Justicia, ya que “en muchos casos puede surgir que la persona peticionaria no tenga otros recursos de cuidado, pues puede ser el mismo cuidador para el cual se esté solicitando la orden de protección”.
Mientras, Zolliane Justino González, coordinadora de servicios del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), destacó la relevancia de la medida al representar un avance significativo en la protección legal de las personas con impedimentos. “Este Proyecto representa una oportunidad histórica para avanzar en la defensa de los derechos de las personas con impedimentos en Puerto Rico. Su aprobación, con las enmiendas propuestas, puede marcar una diferencia real en la vida de miles de personas que hoy carecen de un mecanismo accesible y justo para protegerse del maltrato”, sostuvo.
Por su parte, la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), mediante su representante, el licenciado José Montalvo, reconoció la importancia de salvaguardar el bienestar de las personas con impedimentos y garantizarles sosiego, paz y autodeterminación sobre sus asuntos y sobre sus personas, al igual que a cualquier otro ciudadano.
“Nuestra misión principal, en este sentido, consiste en implementar las directrices de la Ley 238. En nuestra primera ponencia a la Legislatura en cuanto al presente Proyecto, habíamos consignado que los intereses de las personas con impedimentos bajo la Ley 238 quedan debidamente servidos en cuanto al lenguaje que implementa las órdenes de protección, como expuesto en el presente Proyecto. No obstante, admitimos en aquellos momentos que no es nuestro “expertise”, ni está contemplado en nuestra legislación orgánica, ni en la política pública de nuestra agencia, intervenir en procesos que involucren delito. La labor de nuestra Agencia siempre ha sido la fiscalización de entidades públicas y, hasta cierto punto, de entidades privadas, en cuanto a los servicios que se le rinden a los ciudadanos con impedimentos”, manifestó.
Para concluir, Ocasio Ramos, subrayó la importancia de seguir impulsando iniciativas que protejan, fortalezcan y garanticen plenamente los derechos de las personas con diversidad funcional.
