Representantes de la industria de restaurantes de comida rápida expresaron ayer su oposición al Proyecto de la Cámara 843, argumentando que la propuesta —que busca obligar a los establecimientos a informar a los consumidores sobre todas las opciones de tamaños disponibles— ya está cubierta por reglamentación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La medida es impulsada por el representante Edgar Robles Rivera en respuesta a la práctica de muchos establecimientos de solo ofrecer al cliente ofertas y los llamados “combos” en tamaños medianos o grandes, omitiendo el tamaño pequeño que suele ser más económico.
“Esta omisión de ofrecer el producto en su tamaño pequeño, aunque pueda pasar desapercibido, limita la libertad de elección del consumidor y puede representar una práctica de venta engañosa o de presión comercial”, indicó Robles Rivera, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara.
Sin embargo, Caribbean Restaurants LLC, empresa que posee los derechos de franquicia de Burger King en Puerto Rico, rechazó la medida durante la vista pública al afirmar que el asunto ya está regulado por el Reglamento de Prácticas Comerciales (Reglamento 9158) del DACO, por lo que no sería necesaria una nueva legislación
El presidente de la compañía, Carlos Morell Rodríguez, sostuvo que el Reglamento 9158 establece los principios que atienden las preocupaciones mencionadas en el proyecto y requiere la descripción clara de los productos. El directivo añadió que la normativa obliga que la información sobre tamaños y opciones esté accesible.
“Los consumidores ya cuentan con información clara y suficiente al momento de adquirir productos en nuestros establecimientos, y aquellos comercios que no cumplan conocen las consecuencias de multas según el Reglamento 9158”, pronunció Morell Rodríguez, también presidente de Latin American Subs, que opera los restaurantes Firehouse Subs; y de Latin American Chicken, que administra las sucursales de Popeyes.
Mientras que el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), Carlos Budet, coincidió en que crear un estatuto sobre la misma materia podría generar confusión entre los consumidores, comerciantes y las propias agencias encargadas de la fiscalización. Detalló que el Reglamento 9158 exige que todo anuncio provea la información esencial sobre tamaños, precios y características del bien o servicio, libre de ambigüedades.
Entre los propósitos de la normativa también está ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y responsables respecto a los productos de comida rápida, mencionó Budet.
Según el representante Robles Rivera, en ocasiones los establecimientos agrandan los “combos” sin el consentimiento del cliente. De aprobarse, el proyecto establecería la “Ley de Transparencia en la Oferta de Tamaños en Establecimientos de Comida Rápida”.
“El consumidor tiene derecho a conocer todas las opciones disponibles para poder decidir responsablemente, tanto por motivos de salud, económicos y de preferencia personal”, enfatizó el legislador.
Pese a este señalamiento, el DACO también opinó que la pieza legislativa es innecesaria y constituiría una intervención indebida en la libertad de empresa.
“Imponer un requisito legislativo que obligue a los comercios a modificar sus ofertas o tamaños no solo sería redundante, sino que afectaría innecesariamente el libre ejercicio del comercio en Puerto Rico”, puntualizó la secretaria de la agencia antes mencionada, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, en un memorial explicativo.
Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) no tuvo objeción con la aprobación de la medida, pero solicitó que se disponga la información sobre los tamaños de manera visual y verbal.
