En el último día de la Segunda Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico aprobó en concurrencia un conjunto de medidas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dirigidas a fortalecer la responsabilidad fiscal, la justicia penal, la transparencia gubernamental y la protección de poblaciones vulnerables.
Entre las medidas de concurrencia avaladas se encuentra el Proyecto del Senado 23, que crea la Ley Uniforme de Procedimientos para el Cobro de Deudas del Gobierno de Puerto Rico, conocida como la Ley del Recobro. Esta legislación establece un proceso uniforme y ágil para identificar, notificar y cobrar deudas al Gobierno, atendiendo un histórico patrón de cuentas por cobrar sin gestionar en distintas agencias.
La medida no solo busca maximizar la recuperación de fondos esenciales para servicios como educación, salud e infraestructura, sino que también impone estándares más rigurosos de transparencia fiscal, formaliza mecanismos de notificación y objeción, permite planes de pago y faculta al Departamento de Hacienda a ejecutar sentencias. Los fondos recuperados se destinarán al Centro de Trauma del Centro Médico de Puerto Rico.
Asimismo, fue aprobado el informe del comité de conferencia sobre el Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública con el fin de facilitar su implementación y garantizar el cumplimiento del Gobierno con su obligación de divulgar información pública de forma clara, accesible y uniforme.
Entre los cambios principales, la medida añade definiciones, aclara procesos de solicitud, establece responsabilidades específicas para los oficiales de información, fija términos más precisos para la entrega de documentos y prohíbe exigir a las agencias la creación de información o documentos inexistentes. También fortalece el uso de herramientas tecnológicas, formaliza penalidades por incumplimiento y estructura un proceso expedito de revisión judicial cuando se deniega información.
En concurrencia, fue aprobado el Proyecto del Senado 36, que actualiza la Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico para armonizar sus penalidades con el Código Penal vigente. La medida impone sanciones más severas por posesión y manejo indebido de material pirotécnico, estableciendo multas no menores de $5,000 para diez unidades o menos, y no menores de $10,000 para cantidades superiores. Con esta acción, el Senado asegura una aplicación más uniforme y justa de las sanciones relacionadas con la pirotecnia.
También obtuvo aprobación el Proyecto del Senado 57, que fortalece la penalización del fraude en la ejecución de obras de construcción, incluyendo los proyectos bajo el esquema “cost plus”. La medida establece una pena fija de tres años de reclusión para quienes manipulen o falsifiquen costos con intención de defraudar y dispone el resarcimiento obligatorio del doble del dinero recibido, independientemente del estatus procesal del convicto.
De igual manera, se aprobó la concurrencia del Proyecto del Senado 311, que reorganiza la administración de los bienes inmuebles del Estado mediante la disolución de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble. Sus funciones pasarán a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), con el fin de eliminar duplicidades, mejorar el manejo del inventario gubernamental y agilizar procesos de disposición y uso adecuado de las propiedades del Estado.
El pleno senatorial también avaló la concurrencia con el Proyecto del Senado 456, presentado por petición del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, a través de Rivera Schatz. Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para disponer que la imposición y cobro de contribuciones tasadas por el CRIM sea retroactiva a la totalidad de los años en abandono según la última factura de servicios esenciales, además de establecer requisitos para la transferencia de propiedades adquiridas por los municipios bajo estas disposiciones.
Además, se aprobó la concurrencia del Proyecto del Senado 738, una medida de administración que crea la Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores. Esta legislación unifica los derechos de ambas poblaciones y establece beneficios como un descuento del 50% en espectáculos y transportación pública, así como acceso gratuito a transportación para personas de 70 años o más. También centraliza la identificación oficial en el Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante un símbolo distintivo en licencias y tarjetas de identificación.
