El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, junto al portavoz Héctor Ferrer Santiago, anunciaron hoy la identificación de $500 millones dentro del presupuesto vigente para comenzar una reforma contributiva responsable que alivie el bolsillo de las familias puertorriqueñas, sin comprometer las obligaciones fiscales del Gobierno.
El anuncio surge de un análisis detallado del presupuesto consolidado de $13,095,315,000, que mantiene intactas las asignaciones para el pago de primas de seguros médicos administradas por la Administración de Seguros de Salud (ASES), las aportaciones al Fideicomiso de la Reserva de Pensiones y el servicio de la deuda, conforme a la Ley Núm. 53-2021, conocida como la Ley para Poner Fin a la Quiebra de Puerto Rico.
“Cada aumento en la factura de la luz, cada alza en los alimentos y cada golpe inflacionario termina saliendo del bolsillo del pueblo. El Gobierno no puede seguir pretendiendo que esto no está pasando. Si no se actúa ahora, se sigue condenando a la clase trabajadora a cargar con todo el peso del costo de vida”, expresó el portavoz alterno Domingo Torres García.
Ante cuestionamientos sobre el impacto en los programas existentes, el legislador rechazó los intentos de alarmismo. “El impacto es mínimo y manejable. Se prorratea de forma proporcional y se compensa con la activación económica que genera devolverle dinero al contribuyente. Para que quede claro: una asignación de $50,000 podría ajustarse a $47,500 sin que se afecte ni un solo servicio esencial”, puntualizó.
Por su parte, el portavoz cameral del PPD, Héctor Ferrer Santiago, fue enfático al señalar que la propuesta rompe con la narrativa de que cualquier alivio contributivo es imposible. “El país no aguanta más discursos ni excusas. Mientras el costo de vida sigue disparándose, el Gobierno insiste en mirar hacia otro lado. Nosotros estamos poniendo los números sobre la mesa y demostrando que sí hay espacio fiscal para aliviar al pueblo sin violar la ley ni poner en riesgo servicios esenciales”, sostuvo.
Ferrer Santiago añadió que la iniciativa responde a una visión de responsabilidad fiscal con sensibilidad social. “Aquí no hay magia ni improvisación. Hay planificación responsable y una decisión clara de poner a las familias trabajadoras primero, no los intereses políticos de turno”, afirmó.
Ambos portavoces coincidieron en que el momento de actuar es ahora y que el debate contributivo no puede seguir posponiéndose. “El pueblo necesita soluciones reales, no más dilaciones ni excusas”, concluyeron.
