En la continuación de los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico dio paso al Proyecto del Senado 880, presentado por el portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, que establece un marco regulatorio más estricto para el uso de escoltas por parte de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico, limitando este servicio a casos de necesidad real y verificable, con evaluaciones individualizadas.
“Este tema de las escoltas, que ha sido uno de los temas donde prácticamente todos los senadores están de acuerdo, y todos los representantes están de acuerdo, se le ponga fin cuanto antes. Porque no se trata necesariamente de un tema de economía, se trata de un tema de eficiencia. Pues claro que los policías van a seguir cobrando aunque no sean escoltas, pero van a estar en la calle, atendiendo el tema de seguridad que es tan importante para los puertorriqueños. Así que yo invito a que aprobemos los proyectos, el del compañero Juan Oscar Morales, y también de administración para que si hay alguna otra situación, tengamos la oportunidad de corregirlo. Yo espero que esta vez se firme este proyecto”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Este proyecto limita el servicio de escolta a casos de necesidad real y verificable, sujeto a evaluación individualizada por el Superintendente de la Policía, con carácter temporal y revisable.
Además, dispone que los exgobernadores solo recibirán escolta por un término máximo de doce meses tras dejar el cargo, salvo excepciones debidamente justificadas, y elimina de forma automática ese beneficio si la persona resulta convicta por delito grave o menos grave. También prohíbe que candidatos a la gobernación o a Comisionado Residente soliciten o reciban escoltas, incluso mediante contratación privada con fondos públicos; así también con los jefes de agencia.
“Le añadimos otro elemento, se elimina el servicio de escolta a los jefes de agencias. No hay razón alguna, para que un jefe de agencias tenga un servicio como este. El proyecto exceptúa a Corrección, Justicia, la Policía, el Departamento de Estado y a los presidentes legislativos. Yo creo que con esos puestos son puestos que todos entendemos que deben tener escoltas mientras estén en función en su posición. Una vez finalizan, no tendrán el servicio de escolta”, sentenció Morales Rodríguez.
De igual forma, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 881, presentado por la Gobernadora buscando el mismo fin del PS 880. El mismo propone retirar el servicio de escolta, seguridad y protección a aquellos exgobernadores que hayan sido convictos por delitos graves o menos graves, ya sea en la jurisdicción estatal o federal. La medida establece que ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrá proveer estos servicios a personas con convicciones penales y evitar el uso de fondos públicos en beneficio de funcionarios que hayan fallado a la isla.
Además, la propuesta prohíbe que aspirantes o candidatos a la gobernación o al cargo de Comisionado Residente soliciten o reciban servicios de escolta durante el periodo de campaña, salvo que exista una amenaza real a su seguridad, determinada exclusivamente por el Superintendente de la Policía.
