Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social en conjunto con la de Asuntos Municipales, que preside la senadora Jamie Barlucea Rodríguez y Josian Santiago Rivera, respectivamente, iniciaron vistas públicas para investigar el estado actual de propiedades abandonadas, el manejo de estorbos públicos y la implementación de los procesos de expropiación forzosa a nivel municipal, conforme a lo dispuesto en la Resolución del Senado 252, de la autoría del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago.
“En Puerto Rico, como todos conocemos, el problema del estorbo público dejó de ser un asunto aislado para convertirse en una crisis que está afectando actualmente lo que es el tema de vivienda, el tema de salubridad y el tema de seguridad. Durante todos estos pasados años hemos estado reseñando y hablando sobre la misma realidad una y otra vez. Como por ejemplo, que municipios, barrios, sectores y muchas comunidades de estos se encuentran rodeados de lo que son de las estructuras que están abandonadas por décadas… Estamos aquí para buscar soluciones”, destacó Barlucea Rodríguez.
En iguales términos, se expresó Santiago Rivera, cuya comisión está en segunda instancia para atender la medida. “Venimos a atender este proyecto con mucho entusiasmo, porque sabemos que con una efectiva acción legislativa pudiéramos viabilizar que Puerto Rico tenga una opción de vivienda, porque sabemos todos que de la cantidad de estructuras abandonadas existentes, hay una cantidad considerable que pueden ser recuperadas, y en ese sentido ojalá y como producto final de este proceso, ambas comisiones podamos aportar al Senado alguna propuesta concreta”.
Participó de la audiencia Ángel Morales, en representación de la Federación de Alcaldes, quien abogó por acción legislativa y cambios administrativos para trabajar la situación. “Con la información que se recoja, las Comisiones pueden proponer cambios legislativos o acciones administrativas que ayuden a los municipios a gestionar mejor estas propiedades”, dijo Morales.
El deponente sostuvo que lo propuesto en la medida es de suma importancia, ya que garantizará que los mecanismos existentes contribuyan a la rehabilitación y reutilización de las propiedades abandonadas. “Además, la evaluación de modelos exitosos en el manejo de propiedades abandonadas, incluyendo los implementados por organizaciones sin fines de lucro y municipios para identificar buenas prácticas que puedan implementarse ampliamente”, añadió.
A preguntas de Santiago Rivera, sobre si la ley de estorbos públicos actual es efectiva, Morales respondió que “se queda coja”. A su vez, indicó que hay unos proyectos legislativos en proceso con enmiendas técnicas para atender las preocupaciones sobre este tema.
Asimismo, se presentó Verónica Rodríguez, en representación de la Asociación de Alcaldes. La deponente explicó que el procedimiento establecido en el Código Municipal para la declaración de estorbo público permite que el municipio proceda con la acción judicial para la ejecución de la propiedad y la venta en pública subasta. “Posterior a ello, los municipios pueden vender, ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme establece el Código Municipal”, mencionó al añadir que favorece la investigación. A manera de recomendación, Rodríguez dijo que “no tenemos reparos a la Resolución que se propone. Sin embargo, le sugerimos se analice junto a tres proyectos de ley que han sido radicados en la presente Asamblea Legislativa sobre el mismo tema de estorbos públicos y expropiación forzosa en los municipios. Estos son: PC 953, PC 996, PC 1000 y PC 1005”.
También, se expresó ante la Comisión, Edlyn Cabán Sosa, en representación del Municipio de Bayamón. La deponente detalló que desde el año 2020, se han atendido un total de 2,068 querellas relacionadas con propiedades abandonadas. “De estas, 238 propiedades han sido declaradas estorbo público. No obstante, el inventario de estorbos públicos consta de 227, ya que 11 están excluidos por motivo de utilidad pública. Actualmente, 288 propiedades se encuentran en proceso de ser declaradas”. Además, recomendó la centralización del servicio con una oficina para atender el tema.
Cabán explicó que en Bayamón se ha desarrollado un programa utilizando Fondos HOME, mediante el cual se adquieren y rehabilitan estorbos públicos para ponerlos a la disponibilidad de los participantes. Hasta el momento, se han expropiado 14 estorbos públicos, de los cuales seis se encuentran rehabilitados y ocupados. El restante se encuentra en proceso de expropiación forzosa. De igual forma, se han realizado siete expropiaciones de estorbos públicos utilizando fondos ordinarios para el desarrollo de diversos proyectos de utilidad pública.
Barlucea Rodríguez preguntó cuántas llamadas reciben preguntando sobre los procesos para adquirir propiedades abandonadas en el municipio. La deponente respondió que entre cinco a diez llamadas diarias solicitando el inventario de estorbos públicos. Esas son las llamadas sin contar los que acceden a la plataforma para estorbos públicos. También, a preguntas de la senadora sobre si existen trabas en el proceso, Cabán mencionó que es cuando una propiedad está en proceso de tribunal, el tiempo se prolonga.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cómo funciona el proceso cuando una persona identifica un estorbo público. “La persona llama por una querella de estorbo público, ya sea a la oficina o alguna otra dependencia. Los inspectores entonces van a evaluar la propiedad. Si cualifica para ser un estorbo público, ahí comienza el proceso de notificación. Una vez ya la propiedad está declarada, se abre la lista para que las personas puedan anotarse si están interesadas entonces en adquirirla”, explicó Cabán.
El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, preguntó cómo fue el proceso de las 28 propiedades con fondos privados que se trabajaron en ese momento. Cabán mencionó que fue por “first come, first serve”, fue el primero que llamó y se atendió. Se somete la carta de intención para la propiedad. Pasa por el proceso de tasación. Si la persona no lo adquiere, se procede con la segunda persona en lista. Añadió que la mayoría son personas de la misma comunidad.
Además, participó Luis Gallardo y la licenciada Alicia Díaz en representación del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Gallardo indicó que actualmente colaboran con 24 municipios, asociaciones de residentes, entre otras organizaciones para reformular planes de estorbos públicos. Señaló que, aunque existen marcos legales para atender los estorbos públicos, estos han sido implementados de manera fragmentada e ineficiente. Detalló que el 27 por ciento de los estorbos públicos no está registrado en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El 39 por ciento tiene deudas contributivas con un promedio de $30 mil dólares.
Como recomendaciones principales, el deponente propuso simplificar y abaratar los procesos de expropiación municipal sin menoscabar garantías constitucionales; clarificar los requisitos de notificación y publicación en la declaración de estorbos públicos; revisar los criterios de los inventarios municipales para evitar cargas administrativas excesivas; y establecer parámetros claros sobre el uso de la expropiación directa y el pago de justa compensación, asegurando su alineación con fines públicos. Además, recomendó priorizar el uso social de las propiedades recuperadas, restablecer el rango preferente de los gravámenes municipales, eliminar requisitos registrales innecesarios y fortalecer la capacitación judicial y administrativa en estos procesos.
De igual forma, compareció el licenciado Omar Figueroa Vázquez, en representación del Departamento de la Vivienda. En su ponencia, respaldó la investigación legislativa al señalar que es consistente con la política pública vigente, el Plan Estatal de Vivienda 2024-2030 y el Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo Comunitario 2025-2029, los cuales priorizan la rehabilitación y reutilización de estructuras vacantes como una alternativa costo-efectiva y socialmente responsable para ampliar el inventario de vivienda asequible.
Asimismo, Figueroa destacó que, aunque la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 del Código Municipal fortalecen el marco legal para la expropiación de estorbos públicos y la transparencia mediante inventarios municipales, su efectividad depende de una implementación uniforme, capacidad administrativa municipal y acceso a herramientas técnicas y financieras. En ese contexto, subrayó el rol clave de los fondos federales HOME y CDBG, así como iniciativas internas como el Vacant Property Analysis (VPA), mediante la cual ya se han identificado más de 50,000 propiedades vacantes con potencial de rehabilitación.
De igual forma, atendió la audiencia el licenciado Carlos Jirau, en representación del Consorcio del Sur (CONSUR), quien indicó que apoyan toda iniciativa que ofrezca una alternativa de vivienda a la ciudadanía y se simplifiquen los procesos. Señaló que CONSUR cubre los municipios que comprenden desde Ponce hasta Lajas. Se procesaron 846 solicitudes de vivienda de esos municipios. Alrededor de un 50 por ciento de los casos tiene la determinación del tipo de asistencia que van a recibir.
Asimismo, Jirau explicó que la problemática principal es en la reconstrucción en el mismo lugar, donde hay situaciones ambientales y altos costos de construcción por diversos factores. Cuando se va al tema de relocalización, entonces no hay inventario suficiente de vivienda. A pesar de tener el dinero para comprar, no hay inventario suficiente para vender a los programas que promueve CONSUR.
“Cómo podemos, mediante una ecuación donde todos ganemos, trabajar con los municipios de la mano para poder, por un lado, que se agilice el proceso de expropiación o de adquisición, creando estos fondos rotativos donde podamos seguir reinvirtiendo en la compra de estas propiedades, quizás cambiar la legislación en el término de que los municipios puedan adquirir una propiedad con mayor rapidez. Aunque el trámite de los tribunales pueda tomar más tiempo, porque sabemos que hay un derecho propietario”, añadió Jirau.
