La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) reclamó hoy que las fallas en el nuevo sistema de manejo financiero ERP del gobierno central no pueden ser excusa para continuar con el atraso de sobre $3 millones en los pagos a los dueños de hogares de cuido de larga duración.
Jonathan Morales Adono, presidente de FICPRO, manifestó su profunda preocupación ante los atrasos en los pagos del Departamento de la Familia por servicios ya brindados a adultos mayores ubicados en instituciones privadas. “La crisis mayor es que, ni tan siquiera en una vista ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional en el Senado, la Secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no pudo contestar a ciencia cierta de dónde van a sacar el dinero para pagarnos porque no está presupuestado y de lo que tienen en caja, la suma y restas no da para saldarnos, lo que afecta y limita gravemente los servicios que se ofrecen a los residentes”.
De acuerdo con la información, reclamaciones y casos recibidos de los 628 hogares alrededor de Puerto Rico afiliados a FICPRO, se estima que la deuda acumulada ronda los $3 millones. Esto no incluye el monto total, ya que no incluye las deudas a los sobre 600 hogares afiliados a la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD).
“Sin lugar a duda, esta cifra refleja la magnitud de una situación que podría continuar aumentando, ya que todavía existen instituciones que han reportado meses de atraso, pero no han suministrado la cantidad exacta que se les adeuda”, advirtió Morales Adorno.
Por temor a posibles represalias, FICPRO mantendrá confidenciales los nombres de los hogares que han suministrado información y evidencia. Nuestro propósito no es exponer individualmente a ninguna institución, sino visibilizar una problemática que está afectando al sector. “Lo cierto es que tenemos casos específicos que han notificado atrasos de sobre $100,000 dólares, otros de $50,000, $20,000 y la realidad es que todo el que brinda un servicio requiere su pago para continuar operando, máxime cuando ese dinero involucra la supervivencia y el bienestar de miles de personas de la tercera edad”, afirmó.
Los reportes recibidos provienen de distintas regiones, incluyendo Arecibo, Aguadilla, Ponce, Caguas, Bayamón y otras áreas. En algunos casos, los atrasos reportados se remontan a enero de 2026.
Morales Adorno enfatizó que “durante todo este tiempo, los adultos mayores hemos continuado brindando alimentación, medicamentos, supervisión, atención y cuidado las 24 horas, mientras las instituciones han tenido que asumir sus costos operacionales sin recibir oportunamente el dinero correspondiente”.
SOMOS PRIVADOS, PERO EL GOBIERNO UTILIZA NUESTROS SERVICIOS
Morales Adorno dijo que, “en cada entrevista o mensaje siempre se encargan de recalcar que los hogares de cuido prolongado somos negocios privados. Y sí, es cierto: somos entidades privadas. Pero hay una parte que también debe decirse con la misma claridad: el propio Gobierno utiliza nuestros servicios para ubicar y atender adultos mayores bajo su responsabilidad”.
Destacó que cuando el Departamento de la Familia coloca a un adulto mayor en un hogar privado, “ellos reciben un servicio que tiene costos: alimentación, personal, medicamentos, agua, energía eléctrica, mantenimiento y atención las 24 horas. Este servicio tiene que pagarse, y tiene que pagarse a tiempo. Ser un negocio privado no significa que tengamos que financiar al Gobierno los servicios que contrata”.
Morales Adorno se plantea una interrogante: si los hogares de cuido prolongado privados no existieran, ¿dónde colocaría el Departamento de la Familia a todos esos adultos mayores que necesitan cuidado y protección?
“Somos privados, sí. Pero también somos una pieza indispensable del sistema de cuidado de adultos mayores en Puerto Rico. Mientras el pago no llega, las obligaciones de los hogares continúan. Hay que pagar nómina, comprar alimentos y medicamentos, pagar agua, energía eléctrica, seguros, mantenimiento y garantizar diariamente la atención de los residentes.
El presidente de FICPRO insistió en que “no podemos exigirles a las instituciones cumplimiento inmediato con cada una de sus obligaciones mientras algunas llevan meses esperando que el propio Gobierno cumpla con la suya”.
FICPRO RECLAMA ACCIÓN INMEDIATA
FICPRO solicitó al Departamento de la Familia, al Departamento de Hacienda y a las agencias correspondientes que atiendan esta situación con carácter de urgencia, identifiquen la totalidad de las cuentas pendientes y establezcan fechas concretas para el desembolso de los pagos.
“No estamos solicitando un favor, una ayuda ni un subsidio. Estamos reclamando el pago por servicios que ya fueron prestados. Los hogares han cumplido. Los servicios fueron brindados. Los adultos mayores fueron atendidos. Ahora le corresponde al Gobierno cumplir y pagar”, concluyó.
