La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que preside el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy una vista pública para evaluar la designación de la licenciada Julie O. Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), quien repasó su trayectoria profesional en la agencia con 28 años de servicio y presentó su visión para el sistema correccional.
“Usted tiene mi voto para ser secretaria de Corrección. Yo estoy seguro que usted va hacer un buen trabajo. Yo no tengo la más mínima duda. Creo que usted tiene un equipo allá adentro de gente que está comprometida, de gente que se sacrifica largas horas y que quieren hacer el máximo. Sé que hay carencias de presupuesto y sé que tienen que lidiar con diferentes requerimientos de juntas y de otras agencias y cumplimiento con disposiciones federales, lo sé. Lo que le pido es que no le fallemos ni a Puerto Rico ni a la población penal. No tan solo por los confinados y las confinadas, sino también por sus familiares, que sufren, sienten y padecen por ellos en la calle, sin saber lo que les está pasando, si tienen el medicamento, el tratamiento y lo que necesitan”, expresó Rivera Schatz añadiendo que estarán atendiendo durante la tarde el nombramiento de Gómez.
Por su parte, la nominada sostuvo ante la Comisión que “no comparezco ante ustedes como una extraña al sistema correccional de Puerto Rico. No llego al Departamento de Corrección: vengo del Departamento de Corrección. Comparezco como profesional que se desarrolló siendo empleada de esta amada agencia y servidora pública puertorriqueña, una funcionaria que hace veintiocho años cruzó por primera vez el portón de una institución correccional, no como visitante ni como observadora, sino como parte del personal que a diario hace posible su funcionamiento”. Gómez comenzó en la agencia en el año 1999 como Técnica de Servicios Sociopenal y ha ocupado varias posiciones dentro del DCR.
En términos académicos, Gómez posee un bachillerato en Sociología y una maestría en Planificación con concentración en Planificación Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, obtuvo un Juris Doctor summa cum laude y una maestría en Derecho con concentración en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos y Litigación. En 2024 completó un doctorado en Educación con concentración en Liderazgo Organizacional y actualmente cursa un doctorado en Filosofía con concentración en Justicia Criminal.
Su visión para Corrección se articula en un plan estratégico para 2026-2028 basado en cuatro ejes: seguridad institucional, rehabilitación medible, integridad administrativa y contractual, y dignidad tanto del personal como de la población correccional. Propone comenzar con un diagnóstico de la infraestructura, los servicios, la alimentación, la seguridad y las condiciones laborales; continuar con reformas que fortalezcan los protocolos, modernicen la administración, amplíen los programas educativos y ocupacionales y fomenten la coordinación interagencial; y culminar con métricas de resultados, rendición de cuentas y transparencia.
El presidente senatorial preguntó a la nominada si existe alguna querella administrativa, civil, criminal o de cualquier otra naturaleza presentada en su contra. Gómez respondió que no. Asimismo, cuestionó si hasta donde conoce, está sujeta a alguna investigación civil, criminal o administrativa. La nominada respondió que no. Igualmente, si está al día en todas sus obligaciones con el Estado, incluidas las contributivas. Gómez dijo que sí.
Referente al contrato de prestación de servicios de salud correccional, el presidente senatorial sostuvo que “usted nos ha dicho que el caso de Physician Correctional está en el tribunal. ¿Quién preste o qué compañía presta los servicios no es lo importante. Lo importante es que los preste bien. Que la población penal reciba la atención médica que necesita y que merece y a la que tiene derecho”.
De igual manera, Rivera Schatz sostuvo que “la salud correccional no puede estar sujeta a un capricho, o a las promesas de campaña, o a las venganzas personales, o a las agendas particulares, o a los cabilderos, o a nada que no sea el criterio salubrista de asegurarnos de tener la gente correcta prestando ese servicio. Yo quiero saber si, vamos a olvidar por un momento el caso, si hoy están siendo atendidos correctamente en términos de salud la población penal. Sí o no”. Gómez respondió que “la población correccional está siendo atendida”. A su vez, cuestionó quién está proveyendo el servicio a los 7,216 confinados. La nominada respondió que es Physician Correctional.
Por su parte, el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, preguntó si contempla trasladar personas privadas de libertad fuera de Puerto Rico para ubicarlas en cárceles privadas. Gómez indicó que “en este momento no estamos considerando esa alternativa. Al momento no tengo ninguna propuesta y tampoco estamos evaluando esa posibilidad. A su vez, Ríos preguntó si continuará con el proceso judicial que se lleva a cabo en términos del caso de Physician Correctional. “Como secretaria y representante del Gobierno de Puerto Rico, tengo el deber de respetar los procesos judiciales. Estamos a la espera de que culmine ese proceso y de sus determinaciones, las cuales orientarán las acciones que debamos tomar con respecto al caso”, abundó la nominada.
En un turno, la vicepresidenta del senado, Marissita Jiménez Santoni, preguntó sobre las quejas de las confinadas de la institución de mujeres en términos de la falta de cursos y adiestramientos. La designada respondió que “reconozco que la mujer privada de libertad tiene unas necesidades. Necesidades particulares y a veces son más graves que las de la población masculina y necesitan una atención y un compromiso. Conozco la infraestructura limitada también del complejo correccional para mujeres y cuente que tendré un plan para reforzar lo que son las alternativas de rehabilitación para la población femenina”.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó sobre las métricas en su plan de trabajo y cómo se estará llevando a cabo. Gómez respondió que se medirá con instrumentos dirigidos por fases. La auditoría medirá en primera fase en qué condiciones se encuentran las instituciones correccionales. “Podemos establecer que tenemos ahora mismo 25 instituciones correccionales. Yo tengo inspectores de campo que están capacitados y con conocimientos sobre las regulaciones de los diferentes casos penitenciarios, requerimientos en ley sobre cómo deben estar estructuradas”, añadió la nominada.
Por su parte, el senador de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, preguntó cuál es el plan en términos de los oficiales de corrección. “A parte de los oficiales de custodia, también a los técnicos de servicios sociopenales, empleados civiles. Un grupo necesitado de atención con respecto a las condiciones en que se encuentran. Como primera intervención a corto plazo ya he iniciado un diálogo abierto con los representantes sindicales de mis compañeros. Ellos son los que conocen de manera completa todo lo que son los reclamos. Hemos tenido un diálogo sincero para evaluar posibilidades a corto, mediano y largo plazo”, dijo Gómez.
El senador de mayoría, Gregorio Matías Rosario, preguntó a cuánto es la cantidad que asciende el retroactivo que se le debe a los oficiales correccionales. Gómez indicó que referente a la Ley de 2022 se estima que son $112 millones y algo más. “Estamos haciendo los planteamientos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo añadiendo que aún no no tiene la data para poderlo atender.
En un turno, el senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, expresó que “la educación es lo que transforma la vida” y en esa línea le preguntó cuál es el presupuesto actual de la administración y cuánto se está invirtiendo en la fase educativa de los jóvenes y adultos. “Nuestro presupuesto actualmente es de $471,226.00 millones. Con respecto a la inversión de programas para menores, esa data la puedo proveer a la mayor brevedad posible”. Además, la nominada añadió que el Negociado de Instituciones Juveniles tiene un presupuesto separado al de la agencia. “Hemos gozado de la gracia que el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico y otras universidades han compartido con nosotros ofertas académicas en beneficio de la población de menores. En efecto, mi plan va dirigido a diversificar lo que son las certificaciones en oficios que sean rentables y le permitan laborar en la comunidad”.
Asimismo, participó de la audiencia en apoyo a la nominada el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez. “Vengo aquí para apoyar una buena amiga y sé que puede realizar un gran trabajo como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación y me complace haber escuchado en muchas ocasiones en su ponencia la palabra restauración. Yo creo que nuestros confinados no solamente merecen la rehabilitación, sino que merecen restaurarse para que de esa manera puedan reintegrarse a la sociedad”.
Alto Cuerpo evalúa nominadas a la judicatura
De otra parte, la comisión pasó revista sobre la trayectoria profesional de la licenciada Ilsa I. González Rivera designada como jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; y de la licenciada Marieli Paradizo Pérez como jueza del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso.
González mencionó que ha laborado casi tres décadas en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), donde comenzó como abogada litigante y ha ocupado diversas posiciones, incluida la dirección de la Oficina de Ponce desde 2021. Señaló que su experiencia en DACO le permitió conocer las necesidades ciudadanas, garantizar el acceso a la justicia administrativa y desarrollar competencias en análisis jurídico, mediación, liderazgo y administración. Concibe la judicatura como una responsabilidad que trasciende la interpretación y aplicación de la ley, pues exige proteger derechos fundamentales, generar confianza e impartir justicia con independencia de criterio.
Por su parte, Paradizo expresó sobre sus casi 20 años de experiencia jurídica y alrededor de 16 años de servicio público, al defender su ascenso al cargo de jueza superior. La nominada fungió como fiscal especial del Departamento de Justicia, trabajó y dirigió la División Legal del Municipio Autónomo de Ponce y se desempeñó como procuradora auxiliar de la Administración para el Sustento de Menores. Desde 2019 ejerce como jueza municipal en la Región Judicial de Aibonito, donde ha atendido asuntos civiles, criminales, de familia, salud mental, violencia de género y protección de menores y otras poblaciones vulnerables.
Por otro lado, dijeron presente durante la audiencia la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez; el secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo y el profesor y exsenador, Jorge Suárez.
