La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes presentó una Resolución Concurrente para expresar el respaldo de la Asamblea Legislativa a la solicitud presentada por el Comisionado Residente, Pablo José Hernández Rivera, y nueve miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que el Departamento de Agricultura federal (USDA) declare una emergencia agrícola por sequía en 29 municipios de Puerto Rico.
“El agricultor puertorriqueño no puede esperar a que la sequía se convierta en una crisis irreversible para recibir ayuda. Ya hay cosechas afectadas, restricciones de agua y productores enfrentando pérdidas reales. Esta resolución busca que Puerto Rico hable con una sola voz y que el USDA actúe con la urgencia que requiere esta emergencia”, expresó el portavoz Héctor Ferrer Santiago.
La medida respalda la petición presentada el pasado 21 de agosto ante la secretaría de Agricultura federal, Brooke Rollins, y solicita que se evalúe y resuelva con premura, conforme a los criterios establecidos por el propio USDA para activar asistencia de emergencia.
“Aquí no estamos pidiendo un trato especial para Puerto Rico. Estamos pidiendo que se aplique el criterio federal que nuestros municipios ya cumplen”, sostuvo el portavoz alterno Domingo Torres García.
“Cuando un municipio permanece bajo sequía severa durante ocho semanas consecutivas o alcanza niveles de sequía extrema, el mecanismo federal contempla la posibilidad de una designación de desastre agrícola. Lo que corresponde ahora es que el USDA actúe”.
La Resolución Concurrente señala que 29 municipios cumplen con los criterios establecidos: Aibonito, Barranquitas, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cayey, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Piedras, Naguabo, Orocovis, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Juan, Santa Isabel, Trujillo Alto, Villalba y Yauco.
“La agricultura no puede ser tratada como un asunto secundario mientras Puerto Rico enfrenta una crisis de agua. El agricultor necesita agua para salvar la cosecha de hoy, pero también necesita apoyo para poder sembrar mañana. Si no actuamos ahora, podemos terminar perdiendo productores, empleos y capacidad para producir nuestros propios alimentos”, afirmó Ferrer Santiago.
Por su parte, la portavoz del PPD en la Comisión de Agricultura Swanny Enit Vargas destacó que la situación requiere una respuesta que atienda tanto las pérdidas inmediatas como la continuidad de las operaciones agrícolas.
“Estamos hablando de agricultores que llevan meses enfrentando las consecuencias de la falta de agua y que ahora necesitan herramientas concretas para proteger sus cosechas, su ganado y la continuidad de sus operaciones. Una declaración de emergencia no resuelve por sí sola la crisis, pero abre la puerta a recursos que pueden marcar la diferencia entre recuperarse o tener que cerrar”, expresó Vargas.
Los representantes populares destacaron además que la designación de emergencia agrícola permitiría a los agricultores de los municipios elegibles acceder a préstamos de emergencia de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) y a otras herramientas federales dirigidas a atender pérdidas de cosechas, ganado y operaciones agrícolas.
“La sequía ya está golpeando el bolsillo del agricultor. Lo responsable es utilizar todos los recursos disponibles para evitar que una mala temporada se convierta en el cierre permanente de operaciones agrícolas”, añadió Vargas.
La resolución también ordena el envío de copias certificadas de la medida a la secretaría de Agricultura federal, al Comisionado Residente, a los nueve congresistas que respaldaron la petición, a los líderes de los comités de agricultura del Congreso y del Senado federal, y al secretario de Agricultura de Puerto Rico.
“Esta es una solicitud que trasciende líneas partidistas. Cuando nuestros agricultores están en riesgo, la prioridad tiene que ser Puerto Rico. Esperamos que el USDA atienda esta petición con la misma urgencia con la que nuestros agricultores están viviendo esta crisis”, concluyeron Ferrer Santiago, Torres García y Vargas.
