La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes investiga una diferencia de miles de dólares mensuales que paga el gobierno por el cuidado de adultos con discapacidad intelectual, luego de que una vista pública, celebrada hoy, revelara que la cantidad puede fluctuar desde cerca de $900 hasta un promedio de $6,413 por participante, dependiendo de la agencia responsable de sus servicios.
“Lo que queremos determinar es por qué existe una diferencia tan marcada en los recursos que se destinan para atender personas que forman parte de una misma población. Si un participante llega a través de Salud, el proveedor puede recibir un promedio de $6,413 mensuales, pero si llega por otra agencia la cantidad puede ser considerablemente menor. Tenemos que investigar qué servicios cubre cada pago, qué necesidades tiene cada participante y si esta diferencia está afectando su acceso a un hogar o a los servicios que requiere”, subrayó el presidente de la Comisión de Salud, Gabriel Rodríguez Aguiló.
La disparidad se discutió durante una vista de la comisión sobre la Resolución de la Cámara 41, que investiga los servicios que ofrece el gobierno a adultos con discapacidad intelectual. El Departamento de Salud, mediante el Programa de Servicios para Adultos con Discapacidad Intelectual, sostuvo que el costo promedio por participante alcanza los $6,413 mensuales. El Departamento de la Familia, por su parte, subvenciona entre $1,900 y $2,350 mensuales, según la condición de la persona, mientras que en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) se discutieron cantidades que rondan los $900.
La investigación legislativa comenzó luego de que Rodríguez Aguiló visitara un centro que atiende adultos con discapacidad intelectual. El representante indicó que durante aquella visita encontró buenas instalaciones y participantes satisfechos con el servicio. Semanas después trascendió la radicación de cargos criminales relacionados con alegaciones de maltrato contra un administrador, lo que llevó a la comisión a examinar con mayor amplitud cómo el gobierno supervisa los centros y atiende a esta población. Desde marzo, la Comisión de Salud ha requerido información a Salud, Familia y ASSMCA para determinar cuántas personas permanecen bajo responsabilidad del estado, las razones para su ubicación en hogares o centros, los servicios que reciben, el costo de su atención y los mecanismos utilizados para fiscalizar a los proveedores.
Los datos presentados durante la vista reflejan que más de 1,200 adultos con discapacidad intelectual o con un posible diagnóstico permanecen bajo la responsabilidad de distintas agencias. Salud reportó 837 participantes al 30 de septiembre, de los cuales 490 reciben servicios en modalidades residenciales y 347 permanecen con sus familias biológicas o reciben apoyos comunitarios.
Familia informó, a su vez, que mantiene alrededor de 400 adultos que se presume tienen discapacidad intelectual. Muchos permanecen en hogares de acogida desde que eran menores y todavía no cuentan con un diagnóstico confirmado. Un comité evaluador trabaja junto al monitor federal para determinar sus diagnósticos y los servicios que corresponden en cada caso. ASSMCA, por su parte, reportó otros 50 participantes con discapacidad intelectual. La agencia explicó que interviene en estos casos porque las personas presentan un diagnóstico dual y su condición primaria corresponde a salud mental. De ese grupo, cinco reciben tratamiento ambulatorio y 45 permanecen en hogares.
“Tenemos que mirar a la persona antes que a la agencia que la refiere. Me preocupa que la estructura administrativa o la cantidad que paga cada dependencia pueda convertirse en un factor para determinar dónde termina viviendo un participante o qué servicios puede recibir. Estamos hablando de personas que, en muchos casos, dependen del Estado para su cuidado y supervisión, y tenemos que conocer qué ocurre desde que entran al sistema hasta que son ubicadas en un hogar”, puntualizó Rodríguez Aguiló.
Durante la vista también trascendió que Salud certifica 91 hogares y destina aproximadamente $47 millones anuales al sistema de hogares comunitarios. Estos incluyen hogares sustitutos para entre uno y tres participantes, hogares grupales para entre cuatro y seis personas, así como instalaciones dirigidas a participantes con necesidades de salud, transición o atención conductual. Rodríguez Aguiló adelantó que la investigación continuará fuera del Capitolio mediante visitas, sin previo aviso, a hogares y centros que atienden a esta población para evaluar directamente sus instalaciones, funcionamiento y servicios.
“Los números nos permiten identificar diferencias, pero ahora corresponde conocer qué representan esas diferencias cuando llegamos a los hogares. Vamos a visitar los centros, conocer cómo funcionan, qué servicios reciben los participantes y cómo las agencias fiscalizan el uso de los recursos públicos. Esa información será necesaria para determinar dónde están las deficiencias y qué cambios debemos considerar”, agregó el representante por acumulación.
