La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 1110, de la autoría de la representante Carmen Medina. La medida, ahora Ley 231-2026, declara el primer domingo de noviembre de cada año como el Día de la Movilidad Asistida en Puerto Rico.
La ley busca crear conciencia sobre la importancia de los equipos de asistencia para la autonomía y el bienestar de las personas con impedimentos o lesiones que los necesitan para desplazarse. Equipos como las sillas de ruedas, los andadores, los bastones y las muletas facilitan que las personas puedan estudiar, trabajar y participar en la vida de sus comunidades.
“Contar con el equipo adecuado puede hacer la diferencia para una persona que quiere llegar a su trabajo, asistir a clases o salir de su casa con mayor independencia. Con esta ley queremos que más personas conozcan la importancia de estos equipos y sepan cómo usarlos y mantenerlos en buen estado. Agradezco a la representante Carmen Medina por impulsar esta medida”, expresó la gobernadora.
El Departamento de Estado, en colaboración con el Departamento de Educación y otras agencias concernidas, adoptará iniciativas para cumplir con los propósitos de la ley. Como parte de ese esfuerzo, se contempla coordinar actividades para orientar a la ciudadanía sobre el uso correcto de los equipos y los servicios de mantenimiento disponibles.
Además firmó el Proyecto del Senado 899, presentado por el senador Ángel Toledo López y ahora Ley 232-2026. La medida incorpora expresamente al Código de Rentas Internas de Puerto Rico la exención contributiva sobre los ingresos por horas extras trabajadas por los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, incluido el personal de rango.
La Ley 232-2026 enmienda la Sección 1031.02 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para incluir esos pagos entre las partidas exentas de tributación. Con esta enmienda, el Código recoge expresamente la exención que ya dispone la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.
“Nuestros bomberos extienden sus jornadas para atender emergencias y proteger vidas y propiedades en todo Puerto Rico. Con esta firma, dejamos claro en el Código de Rentas Internas el trato contributivo que corresponde a la compensación por esas horas de servicio”, expresó la gobernadora.
También, González Colón firmó seis leyes y cuatro resoluciones conjuntas que, entre otras disposiciones, establecen planes de pago para clientes con deudas de agua y luz, regulan la práctica del voceteo, y la medida legislativa de administración que asignan $5 millones anuales a la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico. Otras medidas también reconocen oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña y atienden asuntos agrícolas, turísticos y municipales.
Entre ellas, la gobernadora firmó la Ley 233-2026, originada en el P. de la C. 911 del representante José “Pichy” Torres Zamora, que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para prohibir el voceteo entre las 10:01 p. m. y las 6:59 a. m. en todo Puerto Rico, salvo las actividades autorizadas conforme a la ley. La prohibición aplica las 24 horas en las zonas escolares y de tranquilidad designadas. La medida establece multas administrativas y faculta a los municipios a regular esta práctica en horario diurno.
La Ley 234-2026, originada en el P. del S. 1185 del senador Jeison Rosa, enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para permitir que, al fallecer un agricultor bona fide, su certificación pueda transferirse al cónyuge sobreviviente que cumpla con los requisitos establecidos. La ley ordena al secretario de Agricultura atemperar la reglamentación aplicable.
La Ley 235-2026, originada en el P. de la C. 133 del representante Jorge Navarro Suárez, establece planes de pago ajustados a la capacidad económica de los clientes residenciales con deudas por servicios de agua potable y energía eléctrica. También permite que pequeños comercios elegibles paguen a plazos la parte de la factura eléctrica atribuible a aumentos extraordinarios en los costos de combustible o de compra de energía.
La Ley 236-2026, originada en el P. de la C. 144 del representante Ángel Morey, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer el periodo de transición cuando se produce una vacante en la alcaldía durante un año no electoral. La medida amplía las facultades de los comités de transición y requiere que el alcalde interino presente un informe escrito sobre el estado de las finanzas y la administración municipal.
La Ley 237-2026, originada en el P. de la C. 1173 del representante Jerry Nieves, designa la carretera PR-685, en Manatí, como la Ruta Gastronómica y Panorámica “Sabor de la Atenas”. La ley dispone que la Oficina de Turismo coordine con el municipio y otras entidades la promoción de los comercios y atractivos de la ruta.
La Ley 238-2026, originada en el P. del S. 1463 del senador Ángel Toledo, reconoce oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña como lengua natural de la comunidad sorda y parte del patrimonio cultural de Puerto Rico. La medida establece una política pública de inclusión y respeto a los derechos lingüísticos de esta comunidad.
Asimismo, la primera ejecutiva firmó, la Resolución Conjunta 88-2026, originada en la R. C. del S. 185 de los senadores Héctor González López y Gregorio Matías Rosario, designa la carretera estatal PR-652 con el nombre de Eduardo “Eddie” Jové Torres.
La Resolución Conjunta 89-2026, originada en la R. C. de la C. 254 de Luis “Júnior” Pérez, reasigna $74,000 a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón para realizar obras y mejoras permanentes en el Parque Robert Junghanns.
La Resolución Conjunta 90-2026, originada en la R. C. de la C. 334 del representante Luis Jiménez, ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación liberar las restricciones sobre la finca núm. 5 del Proyecto Alvarado, en el barrio Saltos de Orocovis, en la medida necesaria para permitir las segregaciones autorizadas. Cada solar podrá tener una cabida máxima de 800 metros cuadrados.
La Resolución Conjunta 91-2026, originada en la R. C. de la C. 373 (A-122), establece una asignación recurrente de $5 millones anuales del Fondo General a partir del año fiscal 2027-2028. Los fondos cubrirán los gastos ordinarios de operación de SER de Puerto Rico y apoyarán la continuidad de los servicios de rehabilitación, educación y apoyo que reciben las personas con diversidad funcional y sus familias.
De otra parte, González Colón impartió un veto expreso a cuatro proyectos de ley y dos resoluciones conjuntas aprobados por la Asamblea Legislativa. La gobernadora notificó su determinación a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes mediante cartas fechadas el 17 de noviembre de 2026, en las que expuso los fundamentos de cada veto.
Resolución Conjunta del Senado 168. La medida ordenaba al Negociado de Energía adoptar un nuevo reglamento de interconexión para el 7 de enero de 2027. La Resolución Conjunta 5-2026 ya había establecido ese mandato con el mismo plazo. El Negociado celebró siete talleres participativos y publicó un segundo borrador del reglamento. Duplicar el mandato podría retrasar el proceso en curso.
Proyecto del Senado 986. El proyecto disponía la incorporación de los funcionarios de la División de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a las operaciones de respuesta ante emergencias. El veto señala que la medida dejaba sin precisar las facultades de estos funcionarios, los requisitos de capacitación y equipo, y los protocolos de supervisión y coordinación. También faltaba evaluar el costo de su activación y el efecto sobre las labores ordinarias de fiscalización del DACO.
Proyecto del Senado 465. La medida proponía tipificar como delito menos grave negarse, sin justa causa, a cooperar en la autenticación de una grabación que mostrara la comisión de un delito, o a comparecer como testigo para autenticarla, cuando la persona requerida la hubiera grabado y publicado voluntariamente en redes sociales. La gobernadora señaló que la redacción podía afectar el derecho constitucional a no auto incriminarse y dejaba sin definir elementos esenciales de la conducta que se pretendía penalizar.
Proyecto de la Cámara 839. El proyecto prohibía el cobro de cuotas para participar en programas deportivos escolares. La gobernadora señaló que el Departamento de Educación ya dispone que el acceso a los programas del sistema público no puede condicionarse al pago. La medida carecía de un mecanismo de financiamiento que sustituyera los ingresos por cuotas, lo que podía limitar la oferta deportiva y la contratación de entrenadores especializados, particularmente en escuelas privadas.
Proyecto de la Cámara 1034. La medida aumentaba de 17 a 23 los integrantes de la comisión encargada de atender la pobreza infantil. La gobernadora indicó que el proyecto carecía de datos que justificaran la ampliación y que sumar integrantes podía complicar la coordinación y la toma de decisiones. La medida también exigía armonizar reglamentos y directrices en 120 días sin evaluar suficientemente los recursos necesarios.
Resolución Conjunta de la Cámara 297. La medida ordenaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estudiar alternativas para reducir la vulnerabilidad de la carretera PR-1 entre la comunidad Las Ochenta, en Salinas, y el límite territorial con Santa Isabel, y rendir un informe en 90 días. La gobernadora expresó su respaldo al estudio y señaló que el DTOP carecía de una asignación presupuestaria para realizarlo dentro del plazo. El veto plantea estimar su costo, asignar fondos y establecer un término para completarlo.
















