El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) ha solicitado mediante moción al Negociado de Energía de Puerto Rico que abra un proceso para examinar la “inmunidad” que se le concedió por vía administrativa a Luma Eenrgy y espacio para que los consumidores puedan expresarse acerca de las consecuencias que crea a la ciudadanía y la economía en general.
Así lo informó Esther Cintrón, directora ejecutiva del ICSE, quien expresó que “la inmunidad representa que ningún tipo de consumidor sería compensado por daños ni por pérdidas que pueda sufrir por la negligencia de Prepa y Luma. Esto pone en un estado de total indefensión a los abonados del servicio y a la ciudadanía en general ya que dicha inmunidad representa un amplio relevo de responsabilidad de parte para Luma y la AEE, y evita la requerida fiscalización y rendimiento de cuentas por su ejecutoria y consecuencias necesarias”.
El 28 de julio de 2021, el ICSE sometió una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando en contra de dicha resolución de “inmunidad” del Negociado.
El día 10 de marzo de 2022 el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia, con el voto afirmativo de dos jueces y uno disidente, y concluyó que el ICSE carecía de legitimación activa o “standing” para que se considerara el reclamo de ICSE de eliminar la inmunidad tanto a Luma Energy como a la AEE.
“Tanto la opinión mayoritaria como la disidente y un voto particular emitidos coinciden en reconocer los méritos de alto interés público del asunto planteado por ICSE y la pertinencia de que exista un foro que los atienda, ya que en esta etapa el Tribunal no podría. Cabe resaltar que los comentarios de la jueza disidente de Tribunal de Apelaciones, Grana Martínez, expone las graves consecuencias de sostener tal inmunidad”, dijo la vocera.
Recordó que “el juez Adames Soto, quien votó con la mayoría (de dos jueces) emitió un voto particular, que indicó: ‘Lo cierto es que, juzgo, debería concederse espacio a una interpretación que facilite la revisión judicial sobre asuntos de tan alto interés público, como el que precisamente se plantea ante nosotros”.
Para Cintrón, la decisión dictada por el Negociado “atenta contra el desarrollo económico y la vida misma de los ciudadanos que residen en Puerto Rico. El avalar esta decisión privaría a las empresas del derecho a reclamar por las pérdidas ocurridas como consecuencia de la negligencia ordinaria de Luma al proveer el servicio de electricidad. Estas situaciones son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de repercusiones que la inmunidad otorgada acarrea sobre el interés público”.
Por su parte, Verónica Santiago, interna legal ambiental del ICSE, dijo que “para lograr justicia energética no podemos regalarle impunidad a Luma ni a la AEE ante actuaciones que afecten directamente el bienestar general. Apoyados en la Ley 17, es deber de todos reclamar al Negociado a Luma y a la AEE en procesos adjudicativos públicos y transparentes, para que revierta su decisión y retire la inmunidad otorgada a Luma que resulta perjudicial al interés público”.
Sostuvo que “ante el apagón general reciente que provocó grandes e inesperadas pérdidas sufridas por los sectores económicos y sociales, surgen las interrogantes de si es Luma o AEE el responsable, quién investigará y cuánto tiempo tomará. Esto representa el momento oportuno para que la ciudadanía acuda al Negociado y ejerza sus derechos otorgados por la Ley 17 de 2019, para reclamar responsabilidad y los costos de seguros que les provean un remedio real”.
Las portavoces se mostraron confiadas en que el Negociado acojerá la petición y abrirá “una discusión transparente de los beneficios y costos de revocar la inmunidad parcial previamente concedida a Luma y a la AEE en sus actuaciones negligentes, tal y como se hace respecto a las responsabilidades de otras corporaciones que brindan servicios al ciudadano”.
