Con 19 votos a favor y 26 en contra la Cámara de Representantes rechazó anoche el Proyecto de la Cámara 1037, que buscaba despenalizar la posesión simple de cinco gramos o menos de marihuana.
Aunque inicialmente se proponía despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de esta sustancia controlada, la medida sufrió una serie de enmiendas durante los trabajos de la sesión legislativa para intentar lograr su aprobación, por lo que la cantidad fue reducida a cinco gramos.
La pieza legislativa, de la autoría de los representantes Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, del Partido Popular Democrático, proponía eximir a las personas consumidoras de ser sometidas a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de una cantidad de consumo personal de esta sustancia controlada.
“Este proyecto no busca legalizar el cannabis. Es un proyecto que yo entiendo es bastante sencillo, y lo que hace es que sustituye la pena de cárcel por unas multas administrativas”, expresó Aponte Rosario, quien emitió un informe positivo del proyecto como presidente de la Comisión de lo Jurídico.
La pieza legislativa persigue enmendar el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas (Ley 23-1971) para imponer infracciones menos onerosas y evitar que las personas que consumen esta cantidad de marihuana sean procesadas criminalmente por el Estado. Tampoco formarían parte del certificado de antecedentes penales las personas que infrinjan este inciso.
Actualmente, la Ley de Sustancias Controladas establece que será ilegal que cualquier persona posea alguna sustancia controlada, a menos que haya sido obtenida directamente o de conformidad con la receta u orden de un profesional.
Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y será convicta con pena de reclusión por un término fijo de tres años. De 2016 a 2021, un total de 5,600 personas fueron convictas por posesión de marihuana al amparo del artículo 404, según datos ofrecidos por Aponte Rosario.
“En lugar de terminar tras las rejas; en lugar de exponerse a un procedimiento criminal donde fondos públicos son desembolsados desde el inicio de la intervención hasta que se lleva a cabo ese encarcelamiento, este proyecto pretende que se creen programas de orientación, desvío, para procurar la rehabilitación de las personas que sean intervenidas por la posesión simple de la sustancia”, puntualizó Aponte Rosario.
La medida recibió el apoyo de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Sin embargo, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la portavoz de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, votaron en contra del proyecto.
El representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, así como la mayoría de los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) también se opusieron a la medida.
La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes 7 de noviembre.
