El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó un paquete de 11 medidas incluyendo el Proyecto del Senado 579, por el que autoriza que la partida de fondos asignados para el programa de internados y residencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sea revisada cada tres años y que se incluya a la Escuela de Medicina Dental.
Las revisiones estarán a cargo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la UPR.
Anualmente se asignan fondos por una cantidad no menor de 20,900,000 dólares para sufragar los gastos de salarios y beneficios marginales que reciben los médicos residentes e internos. En los pasados cuatro años este número se ha mantenido igual, pero para realizar los ajustes necesarios para asegurar y garantizar una compensación adecuada y justa, la UPR considerará las compensaciones y beneficios recibidos por médicos residentes e internos en otras jurisdicciones.
Aparte, con la firma al Proyecto del Senado 437, se enmienda el Código Penal para que toda persona convicta pueda ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) al cumplir el 75 por ciento del término de reclusión impuesto.
Este cómputo nunca excederá de 15 años cuando se trate de un adulto o de cinco años cuando se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto en ciertos tipos de delitos.
En lo que respecta a delitos graves, y cuya sentencia sea de 50 años, se disminuye de 20 a 15 años de la sentencia para poder ser considerados a la JLBP y, en caso de un menor procesado y sentenciado como adulto, se disminuye de 10 a cinco de la sentencia para poder aplicar a este privilegio, entre otros cambios.
También el gobernador avaló el Proyecto del Senado 216, para que la Oficina del Contralor pueda participar de los procesos de transición gubernamental.
Otra medida firmada por el gobernador es el Proyecto del Senado 535, para que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) reglamente la venta de hidroclorofluorocarburos, hidrofluorocarburos e hidrofluorolefinas y cualquier otra sustancia que se utilice como refrigerante. También, que los técnicos de refrigeración de aire acondicionado, a quienes se vendan estos productos, estén licenciados y colegiados.
En tanto, con la firma a la Resolución Conjunta del Senado 79 se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizar un estudio de viabilidad sobre la construcción de tanques de reservas de agua potable y sus respectivos sistemas de bombeo para elevar y extraer agua desde puntos bajos a elevados, en varios municipios del norte de la isla.
Pierluisi también dio paso al Proyecto del Senado 677, que declara marzo de cada año como el “Mes de la Concienciación sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) y a la Resolución Conjunta de la Cámara 311, que designa con el nombre del agente Luis Antonio De Pablo Vázquez, el edificio de la comandancia del Negociado de la Policía en Utuado.
Finalmente, el primer ejecutivo informó las razones por las que no firmó el Proyecto del Senado 728, así como el Proyecto de la Cámara 435. Sobre este último, había solicitado a la legislatura la devolución para la cual la Cámara de Representantes accedió, pero el Senado, no.
El gobernador explicó que conforme está redactado, el Proyecto de la Cámara 435 propone distintas enmiendas al mismo apartado del artículo 4 de la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, en incisos separados.
En ambas secciones se titula el artículo 4 de manera distinta. Asimismo, tal cual está redactado el proyecto de ley crea, a su juicio, un serio problema de interpretación, pues da la impresión de que la sección 1 se deja sin efecto con la enmienda propuesta en la sección 2.
En torno al Proyecto del Senado 728, el gobernador explicó a los presidentes legislativos, mediante carta, que la intención de la medida es loable, pero que tal y como está redactada podría provocar mayores problemas que los que pretende resolver.
“Se convertiría en una merma de ingresos para la AEE, puesto que ordenaría que los recursos que se estén recobrando pasen al Departamento de Hacienda para nutrir el fondo de estabilización. Precisamente por la actual crisis fiscal y quiebra de dicha corporación pública, todo pago por servicio de electricidad, aunque sea por balances vencidos, debe ser adjudicado a la AEE para cubrir sus gastos operacionales, mantenimiento de flujo de efectivo saludable, y el pago de combustible para la generación de energía”, argumentó.
Añadió que “si la AEE ve reducidas sus finanzas, podría tener un efecto en las facturas a sus abonados mediante los ajustes trimestrales por compra de combustible. Asimismo, todas sus deudas pasadas, particularmente aquellas previas a la radicación de la quiebra, están sujetas a los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Federal bajo el título III de la Ley Promesa”.
También sostuvo que las entidades gubernamentales morosas tienen presupuestados los fondos para el pago de la energía que corresponda al año fiscal corriente y planes de pagos establecidos. Además, parte de las deudas reportadas por la AEE de entidades gubernamentales están en disputa ante la corporación, por lo tanto, no son deudas líquidas y exigibles, como plantea la medida.
